A pesar de la enorme campaña de publicidad en medios regionales y locales gallegos que lleva a cabo desde hace tiempo la propiedad de la mina de Touro, las malas noticias se acumulan en torno a una explotación rodeada de polémica.
Las organizaciones ecologistas han venido denunciando diferentes episodios que ponen en entredicho el carácter 'verde' de la actividad. Ahora, Ecoloxistas en Acción acaba de anunciar la decisión adoptada por el organismo público Augas de Galicia por otra acción llevada a cabo desde la mina.
Se trata de la imposición de una sanción a Explotaciones Gallegas, propietaria de la misma, “por vertido contaminante al dominio público hidráulico”, tal y como han explicado los naturalistas. A ella se llega tras la denuncia que esta entidad presentó contra la empresa galega, socia de Atalaya Mining para la reapertura de la explotación. Ahora resulta sancionada por “contaminar el río Pucheiras con residuos mineros procedentes de la balsa de lodos del Vieiro”.
La sanción se centra en el hallazgo por parte de Augas de Galicia en el punto de vertido denunciado “altas concentraciones de manganeso y niquel, muy por encima del límite de las normas de calidad ambiental”.
Cabe recordar que todo se inició tras una análisis previo por parte de especialistas a petición de Ecoloxistas en Acción, por lo que los datos del organismo público confirman los obtenidos y dados a conocer en esos estudios hace poco más de un mes. En ellos, han subrayado en las últimas horas, “los valores de cadmio y mercurio sobrepasaban” también el máximo permitido.
Precisamente, los vertidos al río Pucheiras fueron denunciados por Ecoloxistas en Acción en agosto ante Augas de Galicia. Ese movimiento propició, igualmente, la apertura de diligencias en el Juzgado de Arzúa. Por eso, Ecoloxistas denuncia que, a pesar de la “probada reiteración y de la constatación del delito, Augas de Galicia decidió imponer la sanción mínima a Explotaciones Gallegas, propietaria de la mina de Touro”.
Es esta una queja que se prolonga en el tiempo. Los distintos colectivos de distinta índole contrarios a la reapertura de la explotación minera siempre han puesto sobre la mesa una presunta manga ancha de los organismos autonómicos con esta y otras minas ubicadas en la región.
Proyecto industrial estratégico
Sin ir más lejos, en el mes de julio pasado se anunció por parte del propio presidente gallego, Alfonso Rueda, la consideración de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) como proyecto industrial estratégico para el Gobierno autonómico.
Este paso de la Xunta de Galicia es un respaldo fundamental a una explotación que desde que se impulsó su reapertura ha consechado una gran oposición social; incluso, la propiedad vio como la administración llegó a denegar los permisos para su puesta en marcha en 2020 por razones medioambientales. De ahí la sorpresa de la declación de proyectos estratégico, ya que de ella deriva el hecho de que se caen los motivos que en los últimos años llevaron a la Xunta a rechazar la reapertura.
Una vez más, como en el caso de Altri, Alfonoso Rueda justificó el cambio de timón con la mina de Touro de Atalaya Mining en la inversión de 200 millones de euros que supondrá y en la creación de casi 400 puestos de trabajo.
Por ello, con estos antecedentes, a pesar de la buena noticia para los intereses naturales que supone la sanción impuesta ahora, la portavoz de Ecoloxistas en Acción, Isabel García, ha lamentado que aunque está demostrada la “contaminación ambiental causada, Augas de Galicia justifique con subterfugios la aplicación de la cuantía mínima sancionable”. Por ello, ha anunciado que su organización tiene decidida la presentanción de un recurso de alzada contra la autorización de vertidos ao río Pucheiras.
La conclusión para la organización ecologista es contundente, puesto que con esta sanción se evidencia “la incapacidad técnica de la empresa” a la hora de “gestionar las aguas residuales de una mina en estado de abandono”, con las consecuencias que esto puede conllevar a corto, medio y largo plazo. Por este motivo “resulta inconcebible otorgarle autorización para una explotación activa a una escala sin precedentes en la comarca”, han lamentado desde Ecoloxistas.
