La polémica y las disputas judiciales entre las organizaciones ecologistas que piden la suspensión de la actividad de la mina de San Finx, en Lousame, A Coruña, y la empresa propietaria de la misma no cesa.
En las últimas horas, Ecoloxistas en Acción ha agradecido el apoyo de la Plataforma compuesta por cofradías, vecinos, coletivos naturalistas y otros, creada contra los vertidos de esta explotación ante la decisión de la Cámara Oficial Minera de Galicia de denunciar a varios integrantes de la organización por llevar a la sede del organismo en A Coruña varias botellas con agua de la mina.
Según ha recordado la ong, ya en agosto pasado las cofradías de pescadores de Noia y Portosín censuraron a la Cámara después de que desde esta institución se asegurara que "nunca hubo problemas con la calidad de las aguas". Asimismo, también se ponía en entredicho la posición de las cofradías porque, tal y como señalaron, esta postura nacía de "información imprecisa, sin ningún valor científico y con un sesgo ideológico anti minería".
Ecoloxistas en Acción mantiene que la denuncia planteada por la Cámara Oficial Minera no responde a la realidad, y con ella sucederá lo mismo que ya ocurrió el mes pasado cuando los juzgados archivaron “otra denuncia falsa” contra el mismo colectivo, en ese caso planteada por la compañía propietaria de la mina.
Ahora, además, a los últimos análisis llevados a cabo por Augas de Galicia en la explotación de San Finx correspondientes al mes de octubre ponen de relieve, según Ecoloxistas, que “los niveles de cadmio en los vertidos superan más de 100 veces los limites máximos que establece la legislación para esta sustancia tóxica y cancerígena”.
La gravedad de estas cifras es todavía mayor si se tiene en cuenta que las mismas suponen un incremento con respecto a los datos de agosto. En ese mes del verano los niveles de cadmio se hallaban 78 veces por encima de lo permitido.
Propuesta de sanción
Ante los niveles que reflejan las analíticas realizadas, la Xunta a través de Augas de Galicia ha iniciado un procedimiento de propuesta de sanción contra la empresa concesionaria, imponiendo una multa de 180.000 euros, considerando la existencia de dolo y teniendo en cuenta los daños causados.
Precisamente, Ecoloxistas ha recalcado que, tras mirar hacia otro lado, la intervención ahora de la administración autonómica que es la que dio los permisos oportunos a la propiedad, también se ha producido debido a las continuas y reiteradas denuncias de los diferentes colectivos implicados en este asunto. Sin duda, el inicio del proceso que ha de conducir a la retirada de la autorización de vertidos otorgada en febrero pasado contra el criterio de entidades naturalistas, pesqueras y vecinales, "después de siete años de tramitación irregular", también es fruto de esa contestación social.
En este sentido, han recordado en un comunicado esa lucha de años a la espera de "este procedimiento sancionador", al tiempo que reclaman al Gobierno que preside Alfonso Rueda que "obligue a la empresa a abonar el canon de control de vertidos", que en el supuesto de San Finx alcanza los más de 30 millones de euros anuales.
En palabras de Rogelio Santos, marinero y portavoz de la Plataforma comarcal creada al efecto, "no vamos tolerar que la empresa se marche dejando este problema detrás".
Del mismo modo, y para evitar males mayores, estos colectivos instan a la adopción de las medidas cautelares oportunas que eviten nuevos vertidos. Este es el motivo por el que ya han remitido a la Xunta de Galicia "información técnica sobre los métodos de sellado de las galerías de drenaje que deben ejecutarse para permitir la reinundación de la mina". Esta es la manera de minimizar la contaminación con metales pesados. "No entendemos por qué lo que se hace minas de todo el mundo para evitar la contaminación, aquí no se esige a una explotación que está a apenas 7 kilómetros de la ría de Muros y Noia", ha explicado Joám Evans, representante de Ecoloxistas en Acción.
Además, también estos días, la ong naturalista ha recibido otra buena noticia desde los juzgados que la entidad no ha dudado en considerar como "nuevo revés judicial" para la empresa canadiense que explota la Mina da Penouta, así como para la propia Xunta. Esto es así porque se han desestimado sus recursos contra la medida cautelar de suspensión de la explotación impuesta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras impugnar Ecoloxistas la autorización otorgada.
A pesar de los extensos escritos de alegaciones de la minera y de la Consellería de Economía e Industria, la justicia rechazó todos los argumentos, dando la razón a Ecoloxistas en que la tramitación que dio lugar a la autorización, se realizó obviando el preceptivo evaluación de impacto sobre la Rede Natura, aunque la mina se encuenta a cero metros de la Zona de Especial Conservación de Pena Trevinca.
