La mina de San Finx, en Lousame, propiedad de una empresa australiana sigue generando mucha controversia entre ecologistas y vecinos y trabajadores de la zona. Precisamente, en las últimas horas, se han unido todos ellos para 'ocupar' por unas horas las instalaciones de esta explotación que arrastra desde hace años numerosos problemas.
Maricadoras y representantes de Ecoloxistas en Acción, junto con miembros de la plataforma comarcal que lucha contra los vertidos de esta mina se trasladaron hasta la misma para “exigir responsabilidades por los vertidos continuados de metales pesados”.
La protesta ha consistido en el despliegue de una enorme pancarta de 40 metros de longitud en la que se demanda “el fin de la impunidad de la mina”. Según han denunciado desde la organización naturalista, en los últimos meses esta explotación “lleva vertiendo 50.000 litros por hora de aguas contaminadas con cadmio, cobre y cinc”.
La acción llevada a cabo se suma a lo que reclaman desde hace años confradías de la zona y ecologistas, para que se obligue a la compañía Tungsen San Finx, propietaria de la explotación, a que adopten las medidas necesarias para impedir estos vertidos peligrosos. Ecoloxistas en Acción habla de sellado de las galerías de desagüe y de la reinundación de la mina para minimizar la formación de drenajes ácidos.
Para estos colectivos hay dos responsables claros. Por una parte, la propia empresa australiana; por otra, la Xunta de Galicia porque con su “abandono” permite que se “mantenga la situación actual”.
En la protesta llevada a cabo se ha demandado también la revocación inmediata de la autorización de vertidos otorgada por Augas de Galicia, empresa dependiente de la adminstración autonómica, el pasado mes de enero de este mismo año. Ese permiso, ha implicado el “vertido de casi 1.000 millones de litros anuales de drenajes de mina”.
En palabras de Joám Evans y Rogelio Santos, portavoces de la plataforma comarcal, “la empresa carece de capacidad técnica y solvencia económica para poner en marcha una actividad que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo en la ría Muros y Noia, situada a apenas 7 kilómetros aguas abajo”.
Los inconvenientes generados por esta mina de San Finx y la forma de proceder del Gobierno presidido por Alfonso Rueda vienen de lejos y en los últimos meses ha llegado a Europa de nuevo. Lo ha hecho de la mano de eurodiputados del Bloque Nacionalista Galego y del PSdeG.
El socialista Nicolás González Casares elevó una pregunta a principios de septiembre a la Comisión Europea para que reconsidere su negativa inicial a investigar el "incumplimiento de la legislación ambiental" en la mina. En su alocución recordó que esta explotación recibió casi 7 millones de euros del proyecto NEXT de Horizonte 2020, así como que la autorización de la Xunta para vertidos “de aguas residuales necesario para abrir la mina”, suposo y supone todavía “una amenaza” para la Ría de Muros y Noia. Justo unos días antes de esta intervención, la Xunta se vio obligada a expedientar a la empresa por no cumplir los criterios establecidos para el vertido.
Denuncia y expediente
En concreto, esto se produjo en agosto, tras comprobar Augas de Galicia, previa denuncia de la plataforma comarcal, que los niveles de cadmio superaban 78 veces el valor máximo permitido, unos niveles que también sucede con otros metales pesados como el cobre o el cinc.
Unos días después de la pregunta del eurodiputado socialista, el turno fue para Ana Miranda, europarlamentaria del Bloque Nacionalista Galego. Insistió en que esta contaminación generada por la mina de San Finx es "un riesgo ambiental, económico y social para una ría como la de Muros y Noia, rica en pescado y marisco".
La protesta en las propias instalaciones de la mina no se va a quedar aquí y continuará mientras la empresa no adopte las medidas oportunas y la Xunta de Galicia asuma su responsabilidad como administración fiscalizadora.
En este sentido, Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción ha anunciado que esta organización volverá a recurrir a los tribunales de justicia para emprender nuevas acciones penales por presuntos delitos de prevaricación. En esta ocasión, en el punto de mira judicial estarán varios funcionarios y altos cargos de la Consellería de Economía e Industria, después de que a finales de 2020 “actualizaran ilegalmente el plan de restauración sin el preceptivo trámite de información pública y excluyendo los principales pasivos ambientales de la mina”. Antes, la mina de San Finx había llegado hasta Naciones Unidas.
