La guerra entre los municipios afectados por las actividades de la mina de San Finx por sus propietarios (la compañía australiana Tungsten) sigue subiendo de tono. El último -o penúltimo- episodio ha llevado el asunto hasta Naciones Unidas. En realidad, ha vuelto a este organismo tras la la puesta en conocimiento por parte de Ecoloxistas en Acción ante la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, del uso de denuncias abusivas e infundadas por parte Tungsten San Finx S.L.

Esta solicitud se debe, según la denuncia de la organización, por el uso de ese recurso judicial “con afán intimidatorio” contra las entidades ecologistas y sociales que “vienen denunciando la situación ilegal de la explotación y los daños ambientales que causan sus vertidos”.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Ecoloxistas es la nueva querella presentada por la empresa debido a la realización de una acción simbólica de protesta que se celebró el pasado 5 de julio.

Según los naturalistas, esa iniciativa consistió en el taponado durante breves instantes del tubo a través del cual “la empresa realiza vertidos ilegales”.

Se da la circunstancia de que tras esta protesta “y los escritos remitidos a Augas de Galicia” por el colectivo ecologista y el movimiento vecinal, la entidad de la Xunta ha puesto en marcha un procedimiento sancionador que podría conllevar una sanción de hasta 300.000 euros a Tungsten San Finx S.L., tras comprobarse que “los niveles de cadmio en el río a pocos metros del tubo taponado superan 78 veces el máximo legal permitido”, agregan desde Ecoloxistas.

Más denuncias

Cabe recordar que este asunto de los vertidos viene de lejos. Sus consecuencias han empezado a verse en los últimos meses en los que, por ejemplo, la Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto diligencias de investigación contra la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y otros cargos de su departamento en relación con la autorización de vertidos del pasado mes de febrero concedida a la mina, en el municipio de Lousame (A Coruña).

La Fiscalía también se hizo eco de las denuncias por vertidos ilegales cursadas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, por las cofradías.

Esta actuación judicial no es, sin embargo, la única, lo que demuestra los numerosos problemas que genera la mina de San Finx y la gestión de la misma que hace la empresa propietaria. Así, al margen de las citadas, hay abiertas diligencias contra el ex director general de Minas Ángel Bernardo, así como contra la propia empresa minera y sus administradores.

Ahora, a causa de lo que Ecoloxistas en Acción ha llevado ante la ONU y que califica de “nueva denuncia falsa” por la que se atribuye un supuesto delito de daños, el juzgado de Instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha abierto diligencias, siendo declarado como investigado al representante de la organización.

En la ONU y Europa

La conclusión de la organización es clara y a su juicio el movimiento de la compañía no es más que “un intento desesperado para callarnos”. En este sentido, esta es la segunda vez que la propiedad australiana de San Finx presenta una denuncia falsa contra los ecologistas.

Ya el año pasado con un argumento similar, como recuerdan, “meses antes de que la Xunta declarara la caducidad de las concesiones mineras y de que se iniciase un procedemiento sancionador por vertidos ilegales contra la mina de Santa Comba”.

En aquel momento, el juzgado archivó la denuncia de manera casi inmediata por “carecer de fundamento”. El movimiento de recurrir ante la relatora especial de la ONU explican desde Ecoloxistas en Acción, a pesar de que esperan una decisión judicial idéntica, se debe a hacer público el “uso sistemático del acoso judicial intentando criminalizar y coartar los movimientos sociales”, con el objetivo de parar las denuncias contra “las ilegalidades cometidas por las empresas”.

Además de a Naciones Unidas, en los últimos días las supuestas irregularidades de la mina de San Finx han llegado también, de nuevo, a la Comisión Europea. El eurodiputado gallego del PSOE, Nicolás González, ha sido el encargado de preguntar a la Comisión Europea si reconsiderará su negativa inicial y, finalmente, procederá a investigar el "incumplimiento de la legislación ambiental" en la mina de San Finx situada en el concello coruñés de Lousame.

González ha trasladado su preocupación por la situación ambiental en la mina al "exceder los límites permitidos de cadmio, cobre y zinc" en sus vertidos.

Sobre la idoneidad de que esta vez sí intervengan los organismos comunitarios, el eurodiputado socialista ha recordado que esta explotación recibió alrededor de 7 millones de euros a través del proyecto NEXT de Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el período 2014-2020.