A petición, a través de una carta enviada el mes pasado, del diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la unidad especializada en materia de medio ambiente "estudiar" las denuncias sobre el vertido de San Finx en la ría de Muros y Noia, en A Coruña. Estos vertidos provocaron una protesta hace unos días apoyada por diferentes colectivos, sectores y ciudadanía en general.

En el escrito elevado a la Fiscalía, recordaba las diversas denuncias presentadas por Ecologistas en Acción en los últimos años sobre esta mina y las consecuencias de su abandono y puesta en marcha; asimismo, le hacía llegar su "preocupación" por lo que considera una "inhibición de funciones de la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia".

De igual modo, el parlamentario añadía que se atendiese la denuncia de esta misma organización centrada en el vertido "autorizado" por la Xunta. Precisamente, la administración autonómica ha negado tal permiso y argumenta que sólo permitió la instalación de una depuradora en la explotación minera, ya que se trataría de una "mina ilegal que no cuenta con evaluación de impacto ambiental ni un plan de restauración sometido a participación pública, condiciones esenciales para la validez del título minero".

La Fiscalía ha respondido a Gómez-Reino mostrando su “firme compromiso” en la defensa del medio ambiente, al tiempo que le ha informado de que, tras analizar todos los datos facilitados y con agradecimiento por la "sensibilidad demostrada en la problemática subyacente a los hechos relatados", ya ha procedido al traslado del escrito a la Unidad especializada de la Fiscalía General del Estado en materia de medio ambiente y urbanismo para que "proceda a su estudio".

Al margen de esta actuación, Gómez-Reino también presentó una pregunta por escrito al Gobierno en la que hacía referencia a las "diversas irregularidades ambientales cometidas por los responsables de la explotación minera" y "repetidamente ignoradas por la Xunta".

Empresa australiana

Cabe recordar que esta mina es propiedad de la empresa australiana Rafaella Resources. Sin embargo, no se quedan en ella los problemas de la Xunta con otras explotaciones de este tipo que también son de la misma compañía.

Ecologistas en Acción anunció hace solo unos días la interposición de una denuncia penal contra varios altos cargos de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación del Gobierno gallego “por no declarar la caducidad de las concesiones de la mina de Varilongo”, en la localidad coruñesa de Santa Comba.

Tal y como explicó en un comunicado, esta mina de estaño y wolframio permanece abandonada desde hace 35 años y ahora Rafaella Resources tiene la intención de ponerla de nuevo en marcha. Se da la circunstancia de, ante el intento de transformar la explotación subterránea en una gran mina a cielo abierto, los funcionarios da Xunta informaron de que debía procederse a declarar la caducidad de las concesiones.

En este sentido, Ecologistas en Acción recordó que el propio Tribunal Supremo estableció en su momento que “la declaración de caducidad de una concesión minera es un acto que no es discrecional y debe adoptarse obligatoriamente, bajo pena de responsabilidad, si se dan los presupuestos previstos por la ley”.

Apoyándose en esto, la organización naturalista tiene que claro que, los altos cargos de la Xunta denunciados, al no declarar la caducidad que cita el Supremo, podrían haber incurrido en “uno o varios delitos de prevaricación”.

Más "favores" a la empresa australiana

En palabras de Ecologistas “no es el único favor” del Ejecutivo presidido ahora por Alfonso Rueda y antes por Alberto Núñez Feijóo le hizo a la “minera australiana en Santa Comba”. Se refiere a que, además, la administración gallega “dejó caducar un procedimiento sancionador por vertidos de metales pesados que implicó la contaminación de ríos próximos, presentando valores de cadmio cientos de veces superiores a los máximos permitidos”.

Las cuestiones anteriores y otras como la no existencia de evaluación de impacto ambiental para la mina de Varilongo “a pesar de que tres informes” de funcionarios indicaban su necesidad o la petición de una “irrisorio” presupuesto de 53.000 euros para el restablecimiento “cuando el coste real de restauración será de varios millones” de euros.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción Galicia acudirá a la ONU el próximo día 22 de este mes para que se dictamine que fue vulnerada la Convención de Aarhus, tanto en este caso como en el de San Finx.