En más de una ocasión, diferentes entidades defensoras del medio ambiente han llamado la atención sobre lo que, a su juicio, ocurre con la mina de San Finx, ubicada en la localidad coruñesa de Lousame. Varias veces a lo largo del tiempo, colectivos vecinales y ecologistas han denunciado pública y judicialmente las supuestas irregularidades que rodean esta explotación, siempre envuelta en la polémica debido a posibles vertidos peligrosos para la salud humana y la flora y fauna del lugar.
Ahora, la asociación Verdegaia acaba de anunciar la presentación esta misma semana de una denuncia “contra el reino de España” en Ginebra ante la Organización de Naciones Unidas. El motivo, según explican, se encuentra en la “vulneración del derecho de acceso a la justicia ambiental y a la tutela judicial efectiva”.
Esto se debe, dicen, por haber “impedido diversas instancias judiciales” la investigación de los hechos presuntamente delictivos que tienen que ver con esta mina coruñesa. Entre estos cita los “vertidos de metales preciosos que afectan a la ría de Muros-Noia”. También incluye entre las conductas denunciadas a la propia Xunta de Galicia por no someter el proyecto de la explotación a la “preceptiva evaluación de impacto ambiental”.
Se apoya Verdegaia también en su denuncia en la Convención de Aarhus. Tal y como señala la entidad ecologista esta consagra el derecho de acceso a la justicia ambiental, en paralelo a la Convención Europea de los Derechos Humanos, que establece que los hechos de natureza delictiva denunciados deben ser debidamente investigados. Esta circunstancia, según señalan, “no está sucediendo en el polémico caso” de la mina de San Finx.
En el apartado judicial, la asociación apunta a la Audiencia Provincial de A Coruña y a los propios juzgados de instrucción, puesto que ese investigación que marcan los organismos internacionales la “vienen impidiendo” los citados órganos judiciales, a través de “autos” en los que se justifica la negativa a las pesquisas con respecto a posibles “delitos relacionados” con la explotación.
Una de las cuestiones que señalan desde Verdegaia es que esa negativa a la investigación se apoya en un “sobreseimiento provisional que se dio en un procedemiento previo”. Curiosamente, en ese proceso el ex director general de Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces, “fue llamado a declarar una vez agotado el plazo de la instrucción”.
La asociación deja claro en un comunicado que los hechos ahora elevados a instancias internacionales, “en particular los de los vertidos, no guardan relación alguna con la imputación y el sobresemento por motivos procesales” del ex alto cargo de la Xunta.
Sin embargo, sí reconoce que las decisiones judiciales adoptadas hasta el momento “están creando un círculo de impunidad general respecto a los delitos que guardan relación con esta mina”.
Cabe recordar que, a principios de 2021, Verdegaia presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como paso previo a Estrasburgo, donde la asociación ya interpuxo una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
