A lo largo de estas semanas se habla mucho en Galicia, en materia de medio ambiente, del lobo y la protección establecida sobre esta especie. La Xunta ha puesto el grito en el cielo -como otras administraciones autonómicas- al considerar que la orden del Ministerio de Transición Ecológica va en contra, incluso, de la normativa comunitaria.

El Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, junto con el resto de ejecutivos regionales que van de la mano en este asunto (Asturias, Cantabria y Castilla y León), auguró esta semana que la batalla judicial contra la protección del lobo será larga.

De lo que parece pasar de puntillas, también en materia medioambiental, la administración gallega es sobre los proyectos mineros. En realidad, según denuncia Ecoloxistas en Acción, más que obviar el tema, lo que hace la Xunta es ‘esconder’ qué ocurre alrededor de estas explotaciones.

Por ello ha puesto en marcha la campaña ‘Algo se esconde’, que pretende ser una denuncia pública sobre la “falta de transparencia” del Gobierno de Feijóo en relación con la “autorización” de este tipo de proyectos que califican en un comunicado como “altamente contaminantes”.

Basa su denuncia la organización verde en el visto bueno regional a minas repartidas por toda Galicia que “no fueron sometidas a evaluación ambiental”, además de “negar la personación en el proceso de autorización” a entidades ecologistas y vecinos y, lo que es más grave, si cabe, que lo anterior, “ocultó información fundamental” en dichos expedientes cuando se trata de datos que “deberían ser públicos”.

Estas supuestas irregularidades ha sido trasladadas en varias ocasiones (“numerosas denuncias”, dice Ecoloxistas) a los tribunales o a la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo). Mencionan, como uno de los últimos y más llamativos, el de la mina de Touro “en la que participa uno de los mayores contratistas de la Xunta de Galicia”.

Ahora, la compañía “acaba de anunciar la presentación de un nuevo proyecto” en este mismo municipio “a pesar de la contaminación ambiental continuada, la oposición vecinal y los informes negativos tanto de Patrimonio como de Augas de Galicia” para el primero de los proyectos presentados para esta explotación minera.

Recuerdan desde la organización ecologista otro de lo casos paradigmáticos que, a su juicio, es de suma gravedad y que se saldó con la imputación en 2019 del director general de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, por un presunto delito de prevaricación ambiental es el de la Mina San Finx.

En palabras de Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción Galiza, estos episodios “de ocultación de información a los vecinos y a las organizaciones ecologistas no están aislados”. Se trata del “modus operandi de la Xunta”. Según sus explicaciones, el organismo autonómico “oculta expedientes, niega información sobre procesos en marcha y rechaza que las entidades que velamos por el medio ambiente nos personemos”.

Con esta forma de actuar “nos niegan nuestros derechos” y todo se hace para “favorecer proyectos que ponen en serio riesgo el medio ambiente y la salud pública”, concluye.