El pasado mes de julio una entidad naturalista, Verdegaia, elevó el asunto de la mina de San Finx situada en el concello coruñés de Lousame hasta Naciones Unidas.

Esta organización ecologista, junto a otras y a colectivos vecinales, ha denunciado en numerosas ocasiones las presuntas irregularidades de esta explotación, sobre todo por los supuestos vertidos que realiza y que suponen un riesgo para la salud humana y la flora y fauna del entorno.

Verdegaia ha ido más allá al llevar el asunto a la ONU, denunciando para ello al “reino de España” por posible “vulneración del derecho de acceso a la justicia ambiental y a la tutela judicial efectiva”.

En realidad, en el punto de mira está la Xunta de Galicia por no someter el proyecto, tal y como establece la normativa actual, a la “preceptiva evaluación de impacto ambiental”.

Esta mina pertenecía hasta ahora a la empresa australiana Rafaella Resources, que se hizo cargo de ella hace un año y tres desde que también adquirió otra que se encuentra en el punto de mira de los ecologistas: la mina de Varilongo, ubicada en el también concello coruñés de Santa Comba.

Lo cierto es que desde esas adquisiciones, el nombre de la compañía ha estado unido a la polémica que también rodea a ambas explotaciones. El paso del tiempo, además, no ha mitigado que la empresa deje de “quemar su imagen”, como indican las entidades ecologistas, sino todo lo contrario después de “ser ridiculizada al mentir sobre un supuesto apoyo económico del Gobierno alemán”, según Ecoloxistas en Acción, que también recuerda que fue “desalojada” de un edificio público que “ocupaba ilegalmente” a lo que se suma el tener que responder ante “numerosos procesos judiciales que involucran a ambas minas”.

El reflejo de esto ha sido la caída “a mínimos históricos” de su cotización en bolsa en los últimos meses.

Todos estos argumentos, dicen desde Ecoloxistas, parecen estar detrás del últimos movimiento dado por Rafaella Resources y que no es otro que tratar de romper con lo anterior y ese balance de hechos negativos mediante un cambio de nombre. Ahora, según denuncia la entidad naturalista, la compañía acaba de informar a sus inversores de que pasa a denominarse Pivotal Metals Limited.

Tal y como se desprende de los datos hechos públicos, la mudanza se anunciará en Londres en el transcurso del salón Mines and Money, “donde también pretende vender a nuevos accionistas un proyecto de megaminería a cielo abierto en Santa Comba, justo cuando puede perder definitivamente las concesiones, así como una inviable reactivación de la mina de San Finx”.

Ecoloxistas en Acción ha explicado que la antigua Rafaella Resources asumira a su anterior denominación a través de la estrategia back-door listing, “por la que un grupo de inversores compra una empresa cotizada pero sin actividad, para huir de los requisitos de los reguladores bursátiles a nuevas compañías cotizadas”. Según las mismas fuentes, esta maniobra de ingeniería financiera fue “facilitada por Starboard Global Ltd., con sede en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y oficinas en Hong Kong, que mantiene el control efectivo tanto sobre Pivotal Metals como de EuroBattery Minerals”. Precisamente, esta última compañía, de nacionalidad sueca, busca impulsar otra “megamina a cielo abierto” en outra parte de las concesiones caducadas de Santa Comba.

Los ecologistas y las plataformas vecinales ya han anunciado que seguirán siendo beligerantes contra este tipo de “proyectos de minería destructiva y contaminante en San Finx, Varilongo y Castriz”, añadiendo que el cambio de nombre “no engaña a nadie”.