La Xunta de Galicia y la gestión que del medio ambiente lleva a cabo el equipo que preside Alfonso Rueda vuelve a estar en entredicho. En esta ocasión no se trata de un asunto relacionado con parques eólicos, sino con una explotación minera que, desde hace años, genera quebraderos de cabeza ahora a Rueda y antes a Alberto Núñez Feijóo.

Se trata de la mina de San Finx, ubicada en el municipio coruñés de Lousame, cuya propietaria es la compañía australiana Pivotal Metals.

La Xunta concedió en febrero pasado a la empresa una autorización de vertidos. Lo hizo Augas de Galicia y ahora la Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña acaba de abrir diligencias de investigación contra la directora de dicho organismo regional, Teresa Gutiérrez, así como a otros cargos del mismo departamento.

Gutiérrez y sus compañeros de Augas de Galicia tendrán que prestar declaración en calidad de investigados para, si así procediese, exigir responsabilidad penal por estos hechos.

Cabe recordar que las actuaciones que pone en marcha la Fiscalía se impulsan tras a raíz de denuncias realizadas por la cofradías de pescadores de Noia y Portosín, a las que se unió en su momento Ecoloxistas en Acción. En sus denuncias se indicaba la existencia de posibles irregularidades en la forma en que “se concedió la autorización de vertidos”, así como de la “omisión por parte de Augas de Galicia tanto del control y sanción de vertidos ya existentes como de la obligación de cobrar a la empresa minera el canon del control de vertidos, lo que asciende a más de 30 millones de euros".

A esto se suman tambien las denuncias por vertidos ilegales cursadas ante el Seprona por las propias cofradías, que en este caso achacan a la filial de la empresa australiana Pivotal Metals y sus administradores.

Ecologistas y cofradías piden en un comunicado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que los cargos investigados sean apartados "inmediatamente" de los expedientes relativos a la mina de San Finx ante "el riesgo de destrucción de pruebas y el evidente conflicto de intereses en los trámites en curso".

Se da la circunstancia de que este julio, Teresa Gutiérrez “acordó conceder una prórroga a la empresa minera australiana para completar las infraestructuras de vertido”, y esto lo ha hecho tras no haber cumplido la condición de concluir las obras en cuatro meses.

Vertidos a la ría de Muros y Noia

Si no se paraliza este procedimiento, el próximo 12 de agosto podría comenzar “el vertido de casi 1.000 millones de litros anuales, inyectando metales pesados a la ría de Muros y Noia, donde miles de familias dependen de la calidad de las aguas y de los bancos de marisqueo para su sustento", señalan las confradías y la organización ecologista.

Esta mina San Finx viene provocando muchos problemas a la Xunta de Galicia desde la época de Feijóo. De hecho, hay varias causas penales abiertas en relación con esta explotación, tales como las diligencias contra el ex director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, y la empresa y sus administradores, cuando presidía el Gobierno autonómico el actual aspirante del PP a la Moncloa. 

El máximo responsable del Ejecutivo gallego, a preguntas de los periodistas, se pronunció sobre este asunto al término de la reunión del Consello de Goberno de la Xunta. Alfonso Rueda señaló que su equipo, en referencia a la Consellería correspondiente, colaborará con la justicia, en este caso la Fiscalía de Medio Ambiente, “sin prejuzgar nada".

Sin entrar en más consideraciones, el presidente de la Xunta de Galicia se limitó a decir que "nos pondremos a su disposición".

Lo curioso de sus palabras sobre la cualificación de investigada de la directora de Augas de Galicia y cargo de este órgano es que, según Rueda, la Fiscalía "abre muchas investigaciones" y no todas llegan a tener consecuencias jurídicas.

No obstante, volvió a reiterar que cumplirán con su "obligación" de "colaborar" con las pesquisas.