El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con el que el Ejecutivo movilizará 5.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. El socialista ha lamentado una "guerra contraria al derecho internacional" que está dejando ya "las primeras réplicas de un terremoto económico". "Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias", ha señalado.
El Ejecutivo ataja la crisis vivida este viernes en Moncloa, donde los titulares de Sumar han bloqueado el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, con 80 medidas que incluyen un "escudo social", en el que habrá una "reducción drástica de la fiscalidad energética", ha explicado, y el control a los beneficios a las empresas, para el que el Gobierno dará "nuevas capacidades de supervisión y de sanción" a la CNMC: "Se sancionará a quienes busquen beneficio por pura codicia", asegura.
Finalmente, las tensiones con Sumar que el presidente califica como "salseo" han terminado con las medidas divididas en dos decretos: Uno que mezclará rebajas como el 60% en el impuesto a la electricidad, el de producción al 0,5% o el IVA a la electricidad al 10%, con el control a los márgenes empresariales; y un segundo en el que se congelarán temporalmente los precios del alquiler. Ambas entrarán en vigor este sábado, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, pero solo el primero se votará en el Congreso el próximo jueves.
Sánchez ataja la crisis con Sumar: "Política del siglo XXI"
El presidente, tras varias horas de retraso, ha detallado las medidas ante una "guerra contraria al derecho internacional". Sánchez ha asegurado que "nuestro país está mejor preparado" que otros europeos, en lo que ha destacado la diferencia de la subida de los precios de la electricidad en España y en otros como Italia o Alemania: "Si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor", promete. El socialista ha recuperado también uno de los mantras que marcó la pandemia de Covid en 2020, asegurando que "vamos a salir más fuertes de esta crisis".
Sánchez asegura, como se venía publicando que "el Gobierno lleva meses preparándose" ante la escalada de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán. Tras esto, ha pasado a detallar las medidas de los dos decretos, agradeciendo a los grupos por la negociación, pero no entrando en detalles sobre por qué los ministros de Sumar han amenazado con plantarle en la reunión de este viernes. El presidente ha recordado que, durante la pandemia, hubo un Consejo de Ministros que duró nueve horas, y se limita a decir que son cosas de la "política del siglo XXI", y que tener un Gobierno de coalición que tiene que vérselas y deseárselas para contrarrestar la falta de mayoría parlamentaria -que dice Sánchez que "aún" no tienen- "no le sienta nada mal a España".
PSOE y Sumar, en guerra hasta el final por las medidas
Las medidas han sido una incógnita hasta el último momento. Este jueves, el Gobierno había contactado nuevamente con todos los partidos -menos Vox- para recabar propuestas, en las que sus socios de izquierdas incluían medidas de vivienda, que han ido al segundo decreto, y control de los beneficios de las empresas, que va en el primero a través de ese mandato a la CNMC.
La tensión se ha hecho patente antes del anuncio, con los titulares de Sumar retrasando el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, que quería presentar un decreto más cercano a lo que proponía el Partido Popular, en un claro guiño a otros socios como Junts o el PNV. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha estirado hasta el final el pulso, debatiendo personalmente con Sánchez en su despacho mientras el resto de ministros esperaban a que comenzara la reunión, que ha empezado con más de dos horas de retraso, y finalmente con los miembros de Sumar sentados a la mesa.
La aritmética parlamentaria, que hace peligrar el futuro del decreto en el Congreso de los Diputados, ha obligado al Ejecutivo a mezclarlo todo. Los de Alberto Núñez Feijóo basaron sus propuestas en las rebajas de impuestos, mientras que los socios de izquierdas, como Sumar, ERC, el BNG o Podemos, pedían medidas del 'escudo social' como la prórroga automática de los alquileres o la prohibición de desahuciar a vulnerables, y otras más enfocadas a evitar que la subida de productos como el combustible beneficie a las empresas, como el tope de precios o controlar los márgenes empresariales, que finalmente ha entrado.
El primer decreto se votará en la Cámara Baja el próximo jueves. El PSOE está a la espera de que tenga el apoyo mayoritario de los diputados, algo que tenía intención de garantizar acercando sus medidas a lo que pedían sus socios más conservadores, el PNV y Junts, y el Partido Popular. En el caso de estos dos últimos, ya tumbaron en dos ocasiones junto a Vox el 'escudo social', amparándose en que las medidas de vivienda fomentan la okupación.
