Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles como investigado por un presunto delito de revelación de secretos después de difundir en un chat la fotografía y la identidad de dos periodistas de El País, que trabajaban en una información relacionada con la vivienda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las puertas de los juzgados, Rodríguez ha negado que recibiera datos de la Policía y ha sostenido que fue el propio González Amador quien le facilitó la imagen de los informadores, contradiciendo su versión inicial.
A su llegada, la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso ha trasladado a la prensa que fue “un vecino enfadado porque habían molestado a su hijo” quien le envió la fotografía de los periodistas; sin embargo, a su salida ha cambiado la versión. El relato de Rodríguez era inconsistente, pues la cuestión de por qué un vecino cualquiera tendría el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la líder regional no tenía una respuesta lógica. A su salida de los tribunales, ha rectificado, alegando haberse “expresado mal”, y ha cargado la responsabilidad a González Amador, asegurando que fue él quien recibió la fotografía del vecino y se la reenvió.
MAR ha ofrecido dos versiones en cuestión de una hora para negar que los datos sobre la presencia y los datos de los periodistas procediesen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Nunca he hablado con la Policía de este asunto”, ha trasladado, sin cambiar de versión en esta cuestión, aseverando que “no hay revelación de secretos”. Ante la jueza, el jefe de Gabinete ha optado por hacerse la víctima y ha apuntado a una estrategia política para “hacerle parecer culpable”.
"La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo, pero nunca hubo revelación de secretos", ha expuesto. No obstante, sobre cómo tuvo conocimiento de estos dos periodistas en la zona ha sido algo menos concreto y ha optado por centrar su declaración en su conocimiento sobre quiénes son.
"Firman cada día en su periódico", por lo que "no es una revelación de secretos". "¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me envió una foto un vecino enfadado porque habían molestado a su hija", ha trasladado. Posteriormente ha matizado que fue el novio de Ayuso a quien se le envió la foto. Para eludir los hechos que se juzgan ha insistido en que los periodistas estaban molestado a "vecinos y a menores de edad, a quienes "les paraban para hacerles preguntas", como si esto justificase la presunta comisión de un delito.
Datos del caso
La comparecencia se ha producido en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la causa al considerar necesario aclarar cómo llegaron al jefe de gabinete los datos de los periodistas, cuándo los recibió y por qué decidió difundirlos. Rodríguez está investigado a raíz de una querella por la supuesta revelación de la identidad de los reporteros, que habían sido identificados por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del domicilio vinculado a Ayuso y González Amador.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, pero, en este caso, la celeridad de la Justicia no ha sido tal y han tenido que pasar dos años para ver a Miguel Ángel Rodríguez responder por sus acciones. "Dos periodistas de El País (dando sus nombres y apellidos y adjuntando imágenes) han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones", compartía la mano derecha de Ayuso en un grupo en el que se encontraban 18 personas.
El PSOE y El País denunciaron los hechos. Días más tarde, el 30 de marzo, los afectados sumaron a su querella una entrevista concedida por MAR a El Mundo, en la que reconocía la filtración. En un principio, la jueza había archivado la investigación por la filtración de los datos personales, pero los querellantes presentaron recurso contra la decisión de la togada, que fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid.
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