El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, descarta que Pedro Sánchez sea "el uno" de una organización criminal, como le acusó Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo acoge este miércoles la que se prevé que sea la última sesión del juicio del caso Mascarillas. Antes de quedar visto para sentencia, las partes presentan sus conclusiones finales, después de las declaraciones de los acusados, que son el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el presunto comisionista.
El primer turno es para Luzón, que mantiene, eso sí, que los tres acusados formaron una organización criminal. Sin embargo, en contra de lo que dijo Aldama, el fiscal deja fuera de esta al presidente del Gobierno, que según el corruptor ocupaba el primer escalafón de la trama. Como hicieran los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso el lunes, Luzón ha destacado que quién "paga manda", y que por tanto, al ser quien pagaba las comisiones que habrían cobrado Ábalos y Koldo, era Aldama el que condicionaba las decisiones, aunque llamara "jefe" al exministro.
Insiste aún así en que el titular de Transportes y su asesor no le tuvieron en cuenta para algunas decisiones y hay delitos en los que no participó Aldama. Luzón señala en ese rol final de las decisiones a Ábalos, y asegura que si no se cumplían sus órdenes "se cortaban cabezas y otras partes de la anatomía humana". Al comisionista, el fiscal le sitúa como un "arrepentido" por haber colaborado con la Justicia, mientras que en el caso de Koldo le califica como "omnipresente y fidelísimo", encargado de cubrir a un Ábalos que "en raras ocasiones descendía al terreno de juego de la ejecución material de los delitos".
Ya metido en los detalles del juicio, el fiscal Anticorrupción ha destacado que es factible que una figura como la de Ábalos esté en lo más alto de una organización criminal: "No nos tiene que extrañar un ministro en su cúspide o, al menos, en su engranaje", ha señalado, descartando que "el uno" fuera Pedro Sánchez, como aseguró sin pruebas Aldama. Del comisionista, Luzón afirma que acordó entregar cantidades fijas de dinero para asegurarse el favor de Ábalos, da veracidad a los mensajes de WhatsApp intervenidos, y matiza: "Tanto da si Abalos y Koldo se dirigieron a Víctor de Aldama o Aldama a ellos".
Luzón acusa a Ábalos y Koldo de dar explicaciones "inconsistentes"
El fiscal sitúa el inicio de la trama a la vuelta del viaje a México tras reunirse con el Gobernador de Oaxaca, cuando Ábalos afirmó que conoció a Aldama, en 2018. Luzón ha hablado también sobre la defensa de Ábalos y Koldo sobre las acusaciones de que cobraban 10.000 euros al mes de la trama. Asegura que sus explicaciones son "inconsistentes".
La dirección de las conclusiones del fiscal es condenatoria: "La corrupción no aparece de un día para otro por la entrega de 10.000 euros... empieza por favores, regalos, contactos", señala. Entre esas prevendas destaca los pisos facilitados a Ábalos, una moto que se regaló a Koldo, los pagos en Republica Dominicana a Joseba García, hermano del asesor. Sobre este último, Luzón se apoya en que aparece como testaferro de su hermano, y apunta a "la existencia de una fuente oculta de ingresos" que reflejaba el informe patrimonial de Koldo. "De dónde saca para tanto... Es una pregunta que deberían haberse hecho las entidades bancarias", apunta.
Sobre la pata central del caso, que es la compraventa de material sanitario a la empresa de Aldama, el fiscal apunta: "La compra de mascarillas a Soluciones de Gestión fue irregular porque no se consideraron otras ofertas". Aclara que la irregularidad no estuvo en el procedimiento, ya que al tratarse de un contrato de emergencia no lo había, sino en el precio pactado: "El Ministerio, dirigido por José Luis Ábalos, se cerró a nuevas ofertas que fueron llegando", dice, porque "ya había un acuerdo cerrado previo establecido con Víctor de Aldama que no podía ser modificado".
El Supremo rechaza la petición para no reducir la pena a Aldama, como pide el PP
Antes de la declaración de Luzón, el Tribunal Supremo ha decidido no aceptar el escrito de la ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa) en el que se oponía a la petición del Partido Popular para reducir la pena solicitada por la acusación popular -que el PP unifica- para Víctor de Aldama. La asociación quería que constara que la sala no podía admitir la petición del PP "como si recogiera las conclusiones de todas y cada una de las acusaciones populares", dejando clara su oposición.
Los populares, en medio de sus maniobras para proteger a Aldama, pedían reducir la pena solicitada por la Fiscalía para el comisionista, de siete años de prisión a cinco, evitando así que pise la cárcel. Su argumento es la colaboración de este con la Justicia, hecho que ya tiene en cuenta el Ministerio Público, que ya solicita una pena reducida para Aldama y para los otros dos acusados pide 24 años en el caso de Ábalos y 19 y medio para Koldo.
