Arranca el Consejo de Ministros con una importante crisis entre socios por las medidas del decreto antiinflación

El Consejo de Ministros extraordinario en el que el Gobierno prevé aprobar el decreto para paliar las consecuencias económicas del ataque lanzado por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán ha estado paralizado varias horas. Los ministros de Sumar, como han confirmado fuentes magentas a ElPlural.com, se negaban a participar del encuentro del órgano colegiado hasta que se incluyan medidas de vivienda que aborden el efecto que puede generar el conflicto en los hogares. Tras la negociación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, finalmente ha arrancado la reunión sin acuerdo.

Fuentes magentas confirman a este periódico que el Consejo ha comenzado sin un acuerdo entre las partes, que intentarán acercarse durante el desarrollo de la reunión. “Se tienen que cerrar algunos flecos aún, se hará dentro del Consejo de Ministros”, han trasladado fuentes de Derechos Sociales, ministerio liderado por Pablo Bustinduy, a ElPlural.com. Las incógnitas aún son muchas, vivienda sí o vivienda no, y no puede saberse que se debatirá a puerta cerrada, lo que anticipa que el día será largo para la coalición.

Negociación de Sánchez y Díaz

Mientras la situación estaba paralizada, con los ministros esperando, los líderes de ambas partes se han sentado a negociar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han debatido en el despacho del líder del Ejecutivo, buscando puntos comunes, pero no han sido capaces de alcanzar un acuedo antes del arranque del Consejo. A la par, las derechas han aprovechado la situación para hacer sangre y reprochar la desunión.

“Esta noticia haría caer el Gobierno de cualquier país democrático”, ha reaccionado la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz. “Sin presupuestos en tres años, sin mayoría parlamentaria, en un momento de incertidumbre mundial, con un gobierno roto. Así es imposible. España no merece esto”, ha traslado. No obstante, ha deslizado que “también cabe la posibilidad de que todo sea un teatro para salvar la cara a la vicepresidenta comunista”. “Todos irresponsables”, ha zanjado.

El estallido del conflicto

El debate sobre las políticas que se incluirían en el escudo para contener el alza inflacionaria llevaba abierto semanas, desde que el Ejecutivo anunció el abordaje excepcional, y no ha conseguido cerrarse contentando a todos los socios. La difícil lógica parlamentaria obligaba a contentar a las derechas nacionalistas, principalmente a Junts per Catalunya, y a los socios habituales del arco progresista. Los segundos han demostrado ser más transigentes y la parte socialista ha vuelto a optar por no espantar a los independentistas, pero este viernes la parte minoritario de la coalición parece haber dicho basta.

Los conformantes de Sumar (Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes), parte del Gobierno, y los socios externos (ERC, EH Bildu, BNG, Compromís y Podemos) han exigido desde el primer momento que se incluyesen políticas que evitasen un agravamiento de la tensión habitacional, pero el PSOE finalmente ha rehusado de añadirlas, como le sugirió el PNV, para intentar así reunir los votos suficientes. Descartando que Partido Popular (PP), que solo acepta las propuestas propias, y Vox vayan a contribuir en la aprobación del decreto, el Ejecutivo necesita a todos los partidos nombrados, además de a Junts.

La derecha catalana ha demostrado en más de una ocasión que no teme a dar volantazos partidistas, independientemente de su efecto en la ciudadanía y el electorado, pero en esta ocasión ha sido Sumar, a quien sus compañeros de espectro han acusado en más de una ocasión de practicar un “seguidismo del PSOE”, la agrupación que ha optado por el golpe de timón. “Se escudan excesivamente en las derechas", aprobando medidas de rebajas de impuestos y negando el abordaje habitacional, ha reprochado el portavoz de los magentas, Alberto Ibañez, a los socialistas.

Sus peticiones eran claras, recuperar la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y la prórroga de los 600.000 alquileres que se enfrentan a revisión este año, y ninguna ha sido incluida. Sin embargo, las rebajas tributarias exigidas por las derechas si aparecen en el texto. “Por el consenso del resto de grupos”, justificaban desde el PSOE hace escasas horas, anticipando su decisión. Pero finalmente se han encontrado con que han perdido el consenso con los partidos ubicados a su izquierda.