La Xunta de Galicia no cesa en su afán de impulsar parques eólicos en toda la región, a pesar de los varapalos continuos que reciben algunos de esos proyectos, en particular los procedentes de la época de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego. Hoy mismo, el Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución correspondiente al pasado 4 de abril dictada por la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales.

Según la misma, se otorga “autorización administrativa previa” y otra como permiso de construcción a las “instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Feás”. Esta espacio se encuentra ubicado entre los concellos coruñeses de Aranga y Coirós y está promovido por Galenergy.

Si hay un organismo que, a instancia de parte, normalmente colectivos ecologistas y entidades vecinales, se ha convertido en una especie de baluarte frente a proyectos que reciben el visto bueno de la administración autonómica es el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

No obstante, ahora ha salido en su defensa el Bloque Nacionalista Galego ante lo que consideran desde la formación como “campaña de acoso” contra el Alto Tribunal. Su portavoz en materia de Medio Ambiente, Luís Bará, lo achaca, precisamente, por las “sentencias que anulan parques eólicos”. El diputado nacionalista ha apuntado directamente a la Xunta presidida por Alfonso Rueda a la que acusa de “promover” esta campaña, una denuncia que ha extendido “a la Consellería de Industria y a la participación de la empresa Greenalia, la patronal eólica y la Confederación de empresarios“.

Se da la circunstancia que este “ataque”, según ha explicado Bará, ya tuvo respuesta desde la sala de Gobierno del propio TSXG, organismo que defendió la independencia de las decisiones judiciales. Asimismo, se reclamó “respeto”. Este comunicado público recibió el apoyo de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia en una línea similar.

"Ataques personales"

Tal y como ha subrayado el portavoz del Bloque, la campaña, “además de atacar las sentencias”, va más allá puesto que también ha habido “ataques personales al magistrado Luis Villares”, al que se ha acusado de parcialidad.

Curiosamente, el mismo Villares, el año pasado, recibió un intento de recusación por parte de la compañía Greenalia, en cuya dirección se encuentra la ex conselleira con Feijóo durante más de una década, Beatriz Mato. Ese intento de recusación fue desestimado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Para Bará, todas las sentencias que anulan los proyectos eólicos “fueron aprobadas por unanimidad” de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Luís Villares “no fue el relator de ninguna de ellas”.

La conclusión para el diputado nacionalista es que esta “campaña de acoso” al Alto Tribunal gallego, busca “presionar” a sus miembros “generando ruído mediático para alertar sobre las consecuencias económicas que provocarán las sentencias de anulación” de los citados proyectos. No obstante, además de lo anterior, también ha achacado esta forma de actuar a una estrategia para “desviar la atención sobre las irregularidades cometidas por la Xunta”.

A su juicio, el modus operandi de la administración autonómica favoreciendo los intereses de las grandes empresas fue, ha asegurado, lo que verdaderamente creó “inseguridad jurídica” y no las sentencias del TSXG.

Cabe recordar que, en los últimos meses, han sido varias las resoluciones judiciales que han echado por tierra los planes de empresas y Ejecutivo regional. En palabras de Luís Bará se trata de un “vendaval judicial” que pone “contra las cuerdas al Gobierno de la Xunta. Entre otras sentencias se pueden citar las de la Serra do Iribio (ratificada luego por el Supremo), el proyecto de Sasdónigas o el Parque do Roncudo en Corme. No se pueden olvidar tampoco los tres parques paralizados primero y anulados después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que habían sido impulsado por la empresa de la ex conselleira, Beatriz Mato, en Santa Comba, Carballo y Coristanco, a los que se añaden los de Campelo, Bustelo y Toural.

Ante la situación creada, el parlamentario del BNG ha exigido a la administración presidida por Alfonso Rueda que “pare la campaña de acoso al TSXG”, al tiempo que le ha instado a que “rectifique su política eólica y cumpla con las máximas garantías”.