Aún está muy presente el problema generado por la mina de San Finx, en el concello coruñes de Lousame, que ha provocado numerosas protestas de vecinos, colectivos ecológicos, pescadores y mariscadores debido a los vertidos de aguas con niveles peligrosos de metales pesados.
Este asunto, con denuncias ante los tribunales incluidas, vivió uno de sus últimos episodios con la revocación del permiso concedido hace más de un año por parte de la Xunta de Galicia a la compañía propietaria de la explotación para realizar esos vertidos. A esto se llegó después de las peticiones y denuncias de diferentes organizaciones ecologistas.
Ahora, otra entidad naturalista, ha abierto una nueva batalla contra una explotación de este tipo. Se trata de Ecoloxistas en Acción que ha presentado ya ante la Fiscalía de Ourense una denuncia contra la mina de A Penouta.
Esta medida contra la instalación de la empresa canadiense IberAmerican Resources se produce después de las analíticas practicadas por un laboratorio acreditado en diversos cauces fluviais y traídas de agua próximos a la explotación minera. Según Ecoloxistas, estos análisis mostraron niveles alarmantes de metales pesados.
En realidad, estos resultados de los que ha dado cuenta la organización confirman sus denuncias previas, que, sin ir más lejos, incluso llegó a instar a la paralización de su actividad ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Se da la circunstancia de que el alto tribunal estimó la medida cautelar el pasado mes de octubre a la vista del riesgo al que se sometía la Zona de Especial Conservación de Pena Trevinca y ante la ausencia de una evaluación de impactos sobre la Red Natura 2000.
Precisamente, tal y como han informado desde Ecoloxistas en Acción, en uno de los regadíos situados aguas abajo de la explotación, en una superficie enmarcada en la citada Red Natura 2000, los análisis revelaron “unos valores de cadmio, substancia tóxica y cancerígena”, que superaban “112,5 veces el valor máximo permitido por las normas de calidad ambiental”. Los mismos estudios pusieron de manifiesto que el nivel de arsénico también estaba 30 veces por encima del nivel legalmente permitido.
De manera especial, la organización ha llamado la atención sobre el hecho de que, en el caso de la traída de aguas analizada, también se superaba igualmente el límite máximo para arsénico en aguas de consumo humano. Todo estos datos han sido trasladados a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
Muy superiores a hace 10 años
Todos estos análisis ponen de relieve además que los niveles de metales pesados son más altos de los que la empresa minera hizo públicos tras una medición realizada hace una década, con anterioridad al inicio de la explotación. Esto significa, a juicio de Ecoloxistas, que la contaminación no puede atribuirse a la antigua actividad de los años 80.
Este es el argumento por el que los denunciantes ponen el foco judicial tanto en la empresa como en los principales directivos de IberAmerican Resources. Para la entidad naturalista estos serían “presuntamente responsables de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas”.
A pesar de esto y de la medida cautelar decretada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recurrida ante el Tribunal Supremo por la compañía propietaria, Ecoloxistas en Acción ha tachado de “temerario” que la empresa anunciara la semana pasada el reinicio de los trabajos de explotación.
La intención de IberAmerican Resources ha llevado a los denunciantes, debido a la gravidad de la contaminación, a solicitar que se adopten nuevas medidas cautelares a nivel penal. El objetivo, según han explicado, es “impedir los daños a la salud de las personas y de los ecosistemas”. A su vez, Ecoloxistas exigen a la Xunta de Galicia que “deje de encubrir” el perjuicio ambiental “causado por la empresa, en la que precisamente trabaja el presidente de la Cámara Oficial Minera de Galicia, Juan José López Muñoz”.
A pesar de esta batalla iniciada por el grupo ecologista, la paralización cautelar de la actividad de la mina el pasado mes de octubre puso en pie de guerra a los concellos de la zona. Contra esa medida del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se celebraron diferentes actos de protesta, en los que participaron decenas de vecinos.
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