La directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua, tiene que comparecer de forma urgente en el parlamento autonómico. Es lo que reclama el Bloque Nacionalista Galego tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que, según recuerdan, “condena” a la administración regional “por subcontratar de forma ilegal la elaboración de informes de impacto en el patrimonio cultural”, puesto que dicho trabajo lo podría realizar el “personal técnico de la propia Consellería de Cultura”.

La diputada Mercedes Queixas lo ha adelantado este lunes, recordando además que ya en sede parlamentaria su formación advirtió el pasado mes de junio “esta falta de control de las subcontratas”. Tal y como ha subrayado la portavoz de Cultura del BNG, esa ausencia de fiscalización se traduce en que desde el año 2018 en “redirigir 1,5 millones de euros del erario público a la empresa Tragsatec”.

Cabe subrayar, y así lo reiteran desde la formación nacionalista, que han sido varias las denuncias que han venido haciendo sobre “la mala gestión de los recursos públicos” y, lo que denomina, “el desmantelamiento del servicio de patrimonio cultural” del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo.

Por ello, ante el auto del alto tribunal gallego, Queixas entiende que quedan avaladas las denuncias del Bloque centradas en unos hechos “inadmisibles” por lo que el Ejecutivo gallego “tiene que dar explicaciones urgentes en el Parlamento”.

La sentencia ahora conocida llega tras el recurso contencioso-administrativo de la Confederación Intersindical Galega, CIG, contra la resolución del Gobierno de la Xunta correspondiente al mes de diciembre de 2020 en la que publicaba otra encomienda de gestión a favor de la empresa Tragsatec. La cantidad de la misma ascendía a más de 400.000 euros con un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos a realizar a través de este contrato consistían en el análisis e informe de intervenciones que estaba previsto que se llevasen a cabo en bienes de interés cultural o catalogados, así como, de ser el caso, en su ámbito de protección o en su zona de amortización.

A juicio de los responsables de la formación nacionalista, se trata esta de un resolución que viene a dar continuidad a un procedimiento que “en los últimos tiempos se viene consolidando como una rutina”, por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que lo ha convertido en “un mecanismo de externalización de servicios que son responsabilidad de la administración pública”.