Durante la última semana del mes de enero, la portavoz de Cultura del Grupo del BNG en el Parlamento gallego, Mercedes Queixas, hizo pública una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la Dirección Xeral de Patrimonio y el contrato firmado por este departamento con la empresa Tragsatec, filial del grupo Tragsa.
Hoy, Queixas aprovechó la presencia del conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, de quien depende la citada Dirección General, para pedirle explicaciones sobre el “escándalo mayúsculo” que supone la mencionada resolución del Alto Tribunal gallego.
Dicho fallo declara ilegal la contratación por este órgano autonómico a la empresa Tragsatec de la elaboración de informes de impacto en el patrimonio cultural. El TSXG basa su decisión en la posibilidad de que esos trabajos fuesen realizados por personal profesional técnico de la Consellería que es competente en esta materia y que se corresponden con funciones que son exclusivas de esos empleados públicos.
La diputada nacionalista le preguntó a Rodríguez acerca de “quién va a asumir responsabilidades”, apuntándole directamente a él “como conselleiro de Cultura” o a la directora general de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insua, a la que la misma formación reclamó su comparecencia urgente por este asunto hace dos semanas.
En este sentido, tras un cruce de declaraciones en sus turnos de intervención, Mercedes Queixas le recordó que “el TSXG declaró ilegal una acción política de la Consellería de la que usted es el máximo responsable ¿y me está diciendo que se atiende a la cidadanía infringiendo la ley?". A continuación, también le aclaró en sede parlamentaria que la sentencia en cuestión califica de "injustificable la última contratación” a esta empresa realizada por la “vía de urgencia, cuando llevan hechas hasta nueve encomiendas continuadas desde del año 2018".
En este sentido, y a pesar de la ausencia de explicaciones por parte de la Xunta, desde el Bloque Nacionalista Galego se insistió en que, siguiendo lo que dice el Tribunal Superior de Xustiza, se trató de un procedimiento el de esta contratación “fraudulento” debido a que “en las listas de la Xunta había más de 130 arqueólogos” que podrían haber sido contratados para la realización de esas tareas. Sin embargo, la Dirección General de Cultura optó por “externalizar” el proceso, denunció Queixas, adjudicándolo a Tragsatec “conscientemente” y esta empresa tuvo que contratar “a 16 personas de un total de 17 para realizar estas funciones".
A modo de conclusión, la diputada del BNG, además de reclamar a la Xunta de Galicia más recursos humanos en departamentos como este de Patrimonio Cultural, cuestionó al conselleiro sobre “¿quién va a asumir las reponsabilidades por los más de 2,5 millones de euros por parte de la Consellería de Cultura que ahora esta sentencia declara ilegales?”.
