Las entidades ecologistas gallegas continúan en pie de guerra contra los parques eólicos que, si no lo evitan los tribunales, se van a impulsar en diferentes puntos de la región.
Es, precisamente, esa vía judicial la que han emprendido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega, y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC). Lo han hecho con la presentación de hasta tres recursos de carácter contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el visto bueno de otros tantos parques eólicos de cuyo impulso se va a encargar Greenalia.
Tal y como explican los denunciantes, las instalaciones se ubican en la provincia de A Coruña, en un área próxima. Se trata de los parques denominados Campelo, Bustelo y Monte Toural, situados en los concellos de Coristanco, Carballo, Santa Comba y Tordoia. Se sitúan en una misma “zona geográfica, alrededor de la laguna de Alcaián”, informan.
Hay que subrayar que la Xunta de Galicia, en uno de los Consejos de Gobierno celebrado en mayo de 2018, en el mismo acto administrativo declaró los tres parques como “proyectos de interés especial”. Esta categorización se encuentra en la Ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales y que, en ámbitos ecologistas, se conoce como ‘Ley de depredación’. Incluirla en esta normativa supone dar a los proyectos un carácter urgente, reduciendo a la mitad los plazos y otorgándole una utilidad pública que les protege frente a otras instalaciones eólicas similares.
Los denunciantes afirman en sus recursos que existe “una clara fragmentación artificiosa” de un solo parque en tres “para que no superen los 50MW”. De esta manera, se asegura su tramitación por parte de la Xunta de Galicia a través del “procedimiento exprés y de las prebendas legislativas aprobadas por Núñez Feijóo”, presidente autonómico.
Los ecologistas van más allá y a lo anterior añaden que la división en tres instalaciones, además de “ventajas para el promotor”, provoca que se “hurte” una correcta evaluación ambiental, al tiempo que ignora y no tiene en cuenta el impacto real de las instalaciones sobre hábitats, especies, paisajes, etc.
Detrás de todo este gran proyecto se encuentra la empresa con sede en A Coruña capital, Greenalia, a la que pertenece Beatriz Mato, ex conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el anterior Gobierno de Feijóo de 2015 a 2018 (antes fue la titular de Trabajo y Bienestar de 2009 a 2015, en el primer Ejecutivo con el de Os Peares al frente). En 2020 renunció a su acta de diputada en el Parlamento regional por el Partido Popular.
Se da la circunstancia de que Mato, ese año, ya pasó a formar parte de la empresa en la que, en la actualidad, ocupa el cargo de máxima responsable de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad, además de ser consejera ejecutiva de la misma.
Especie en peligro
Siendo conselleira de Medio Ambiente, la Xunta dio luz verde a un proyecto de Greenalia. Era el año 2017 y el Ejecutivo de Feijóo, ante la insistencia de la oposición cuando Beatriz Mato se incorporó a la compañía en 2020, zanjó el asunto diciendo que no había intervenido en el proceso celebrado tres años antes.
En relación con el asunto de los tres parques eólicos, desde Adega y PDCC tienen claro que se trata de “una maniobra fraudulenta de la que la Xunta es cómplice y que perjudica el interés público y los intereses particulares”. La explicación es que, al dividir el proyecto en tres, se fragmenta también al “posible oposición y se lesiona el ejercicio de los derechos ciudadanos de información y participación pública”.
A todo lo anterior, hay que sumar otro hecho no menor como es que la zona a la que afectaría el proyecto de Greenalia fue propuesta hasta en dos ocasiones (2008 y 2011) para pasar a formar parte a la Red Natura 2000. Además, este área contiene endemismos botánicos únicos de los que tenía constancia la Consellería de Medio Ambiente desde 2010 a través de una plan de carácter integral para proteger especies en riesgo desaparición y que la administración autonómica aún no ha aprobado.
Según explican desde las entidades naturalistas se trata de la especie centaurea ultreiae silva pando, catalogada “en peligro crítico de extinción y cuya única población mundial se compone de tan solo 6.821 individuos”, todos ubicados en torno a 10 kilómetros cuadrados correspondientes al punto donde la Xunta de Galicia ha autorizado los tres polémicos parques eólicos.
Como conclusión, los denunciantes indican que “no queda otro remedio” que acudir a la justicia para tratar de “frenar” lo que califican como “atropellos” del Gobierno gallego, que a la vista de los acontecimientos está más “preocupado en favorecer a las empresas amigas” que en “salvaguardar el patrimonio cultural y los derechos de la ciudadanía”.
