La comarca próxima a Lousame, en la provincia de A Coruña, está de enhorabuena al comprobar que la lucha que mantienen desde hace tiempo da sus frutos.
El último tiene que ver con una decisión adoptada por la empresa pública dependiente de la Xunta, Augas de Galicia. Esta entidad, según ha informado Ecoloxistas en Acción, ha optado por revocar la autorización de vertido de aguas residuales de la mina de San Finx, una explotación que siempre ha estado rodeada de polémica.
Tal y como han señalado desde la organización naturalista, esta es una buena noticia para colectivos sociales y del mar que llegaron a unirse en una plataforma para luchar, precisamente, contra esta práctica. Se da la circunstancia de que ha sido Augas de Galicia la que ha adoptado la medida, siendo la entidad que en febrero de 2023 concedió esa autorización.
Cabe subrayar, y así lo ha recordado Ecoloxistas, que la revocación llega después de que los diferentes colectivos socialies pusieran en evidencia cómo la empresa matriz que explotaba la mina “venía ignorando” de forma repetida las condiciones impuestas en la propia autorización. Esto conllevó que a principios de este año 2024 se le impusiese una multa de 180.000 euros por la “comisión de una infracción grave” derivada de los vertidos con concentraciones elevadas de sustancias tóxicas incluyendo cadmio, cobre, cinc y níquel, han añadido desde la organización naturalista.
Precisamente, Ecoloxistas también recurrió ante la justicia en su momento esa autorización y con ella lo hicieron las cofradías de pescadores de Noia y Portosín, además de diferentes municipios de la zona y de la ría. Esto debido a las “irregularidades en el procedimiento de autorización”.
Vertido de aguas residuales
A pesar de la buena noticia que supone esta resolución, ya que “frena en seco el vertido de casi 1.000 millones de litros de aguas residuales al año”, los denunciantes hacen hincapié en que lo que acaba de hacer el Gobierno de la Xunta, a través de Augas de Galicia, persigue básicamente “evitar que los pronunciamientos judiciales expongan las irregularidades, que también son objeto de un procedimiento penal separado”.
A partir de este momento, Ecoloxistas ha hecho público el calendario de los siguientes pasos a dar. De este modo, esta decisión anunciada estos días supone dar la razón a esos colectivos y agrupaciones ciudadanas inmersas en el proceso contra la empresa y algúnos organismos autonómicos. Los mismos, ponen en evidencia desde 2016 “las falsedades de la empresa minera” y de la propia “Consellería de Economía e Industria”. No obstante, aunque les da la razón, esto no significa que el conflicto concluya aquí.
Ecoloxistas en Acción ha anunciado ya nuevas acciones, otra vez de la mano del resto de colectivos de la plataforma, con el propósito de hallar una solución definitiva a los vertidos de San Finx. Por ello, han reclamado de nuevo el sellado y taponado de las galerías de desagüe y la reinundación de las labores mineras en condiciones de seguridad para siempre.
Junto a lo anterior, se pondrán en marcha medidas legales para exigir la “revisión y cumplimiento del plan de restauración aprobado ilegalmente en 2009”. La organización ecologista también aboga por la eliminación de la escombrera y la retirada de los residuos mineros acumulados en las presas creadas sobre el lecho del río. Según la entidad, estas infraestructuras están “en estado crítico”.
En palabras de Joám Evans, portavoz de Ecoloxistas y de la plataforma comarcal, “a finales de 2020 la Xunta aprobó una actualización del plan de restauración con un presupuesto de apenas 187.000 euros, cuando desde los colectivos ecologistas y del mar cifrábamos el coste necesario en no menos de 10 millones de euros”.
La compañía matriz que explota la mina de San Finx ha pasado por varias etapas empresariales, incluido el cambio de nombre. Ahora, “ante el riesgo de fuga de la empresa, que desde el pasado mes de marzo se encuentra en manos de testaferros peruanos”, se han exigido el establecimiento de garantías por esa cantidad con el fin de que se pueda poner en modo seguro la explotación.
Al hilo de la situación actual de los propietarios, Ecoloxistas en Acción han destacado el “pasado turbio de los inversores que ejercen el control real de la empresa, con antecedentes de violaciones de los derechos humanos en Colombia”.
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