Continúa la pelea judicial entre las entidades ecologistas y vecinales y la compañía propietaria de la mina San Finx, situada en el concello de Lousame, en la provincia de A Coruña.
El último episodio lo acaba de hacer público Ecoloxistas en Acción y se refiere al varapalo, por lo menos a priori, que ha recibido Tungsten San Finx, S.L., del juzgado de Instrución número 2 de Noia. El titular del mismo ha declarado a la empresa concesionaria de la citada explotación minera investigada por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. A esta decisión se ha llegado después de que, en la diligencias penales “se evidenciaran los altos niveles de concentración de metales pesados que los vertidos de la mina está inyectando en el medio natural”, según la organización ecologista.
Cabe subrayar que, precisamente este colectivo, con el apoyo vecinal y de las cofradías de Noia y Portosín, viene denunciando desde el pasado verano esta circunstancia basado en sus propios análisis. Esos informes tan solo unos meses después ofrecerieron unos niveles de metales perjudiciales para la salud y el medio ambiente todavía más elevados.
Precisamente, como recuerdan ahora desde Ecoloxistas, son testigo de esta “nociva contaminación los contundentes informes” preparados tanto por la Guardia Civil, a través del Seprona, como por la acusación popular ambiental ejercida por las mencionadas cofradías y las entidades ecologistas.
En los segundos análisis correspondientes a octubre se puso de manifiesto que los niveles de cadmio aguas abajo del punto de vertido superaban 100 veces los máximos permitidos por la legislación actual.
A causa de esto, Ecoloxistas en Acción explica que el representante de la empresa, Miguel Cabal, debe comparecer ante el juzgado que está conociendo el caso el próximo 1 de febrero a las 10.00 horas.
La ong anuncia que ese día aprovecharán para volver a dar a conocer sus reivindicaciones sobre esta explotación minera, y lo harán “ante la negativa de la empresa y de la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los vertidos” que proponen los denunciantes desde hace tiempo.
Además de la propia compañía, cofradías y ecologistas han venido criticando también a la administración autonómica, primero por el permiso de vertido que concedieron en su momento y, luego, por el nulo caso hecho por el Gobierno presidido en funciones por Alfonso Rueda ante las denuncias públicas planteadas.
Por este motivo, Joám Evans, portavoz de la plataforma comarcal y de Ecoloxistas, ha anunciado que mañana se concentrarán “delante del juzgado para exigir el sellado de galerías y escombreras y la retirada de los residuos mineros acumulados en el río” y, de este modo, “acabar con los vertidos de metales pesados”.
La organización ecologista y las cofradías afectadas también reclaman medidas para que, según dicen, “evitar que la empresa no se dé a la fuga”, como sucedió, a su juicio, con las anteriores compañías propietarias de la explotación.
Con este objetivo, además de reclamar a Augas de Galicia, entidad de la Xunta competente en la materia, que imponga de una vez el pago del canon de control de vertidos cifrado por los demandantes en 30 millones de euros, también piden al propio juzgado de Noia que se adopten medidas cautelares que obligarían a la empresa a iniciar una “actuación urgente para la reinundación y sellado de la mina”.
