La recogida de residuos urbanos se ha convertido, además de en un problema, sobre todo por el almacenaje y eliminación de los mismo, fundamentalmente por el coste que supone para cada ayuntamiento.

Normalmente, el funcionamiento de este servicio consiste en la recogida de las basuras a cargo de las administraciones locales (bien con personal propio, bien con empresas privadas) que luego se trasladan a instalaciones gestionadas por la administración regional (directa o indirectamente) pagando un canon por tonelada.

Se han dado casos, por ejemplo en Madrid, que los vertederos en algunas zonas se quedan pequeños o han colapsado y deben ser sustituidos por otros, de cuya construcción se encarga la administración autonómica que luego traslada a los ayuntamientos, de forma directa y/o a través de una subida notable del canon por tonelada de residuo. Esto ha llevado a muchas localidades a establecer una tasa de basuras o lo harán próximamente a causa de un incremento insoportable del canon por parte del Gobierno de Díaz Ayuso.

En Galicia, la gestión de este servicio corre a cargo de Sogama, Sociedade Galega de Medio Ambiente, entidad pública que, entre otras cosas, se encarga de esta materia. En medio de la guerra por la bajada de impuestos entre Comunidades Autonómas, al presidente gallego parece que las cuentas no le salen o, como denuncian desde las formaciones de la oposición, para que cuadren se bajan en un extremo para subir las tasas en otros.

En el punto de mira de ese incremento está la recogida de basuras. El máximo responsable de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha lanzado en las últimas horas a desmentir que detrás de la retirada de la bonificación que existía del 10% al canon que se cobra a los más de 150 concellos adheridos a Sogama.

Rueda ha asegurado que, aunque sí es cierto que se elimina esa bonificación, no habrá actualización de tarifas al actual IPC. Sin embargo, el reconocimiento de esa retirada supone, casi con seguridad, una subida de lo que los ayuntamientos van a cobrar a los vecinos, o lo que es lo mismo, tal y como señalan desde el Bloque Nacionalista Galego, una subida de impuestos en la práctica.

La líder de la formación, Ana Pontón, ha echado en cara a la Xunta lo que considera “subida de la factura de la basura de Sogama”, que afectará a “miles de gallegos”. A su juicio, al Ejecutivo del PP presidido por Rueda le preocupa más que las eléctricas “tengan beneficios que los problemas que tienen las familias para llegar a final de mes”, en referencia a la “mayor crisis de precios en 40 años”.

Precisamente, con respecto a esto, ha indicado que “si no les llegaba con lo que ha subido la luz y la alimentación, ahora vamos a ver como también le sube el recigo del agua a 320.000 familias y la factura de la basura a todos los gallegos”.

Esta decisión del Gobierno de la Xunta se suma al llamado “impuesto a la lluvia” que también ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición.

Pontón ha contrapuesto estas subidas en forma de gravámenes directos o indirectos de la administración presidida por Alfonso Rueda al “pelotazo fiscal a 7.700 millonarios” gallegos. La portavoz del BNG, que ha anunciado que pedirán la reitrara de la medida relativa a Sogama, ha afirmado que “no es de recibo que para compensar los 34 millones de euros” que se perdonan a los gallegos con mayor poder adquisitivo, se suban las tasas del agua y de la recogida de basuras.