La carrera abierta en el PP por ver qué barón autonómico es el que más baja los impuestos, conlleva una serie de consecuencias que, para una parte de los economistas, son lógicas. Responden estas a que, si se bajan los ingresos por tributos que han de pagar las personas físicas y jurídicas ¿cómo se hace frente a los diferentes servicios públicos?

Detrás de la pregunta se encuentra la parte ideológica de un debate que, tras la crisis financiera de 2008 y los recortes practicados por los Gobiernos ‘populares’, quedó en entredicho con la pandemia y el papel jugado por servicios públicos como la sanidad o la educación.

El presidente de la Xunta de Galicia, en el marco de la vorágine ‘anti impositiva’ de la que dio buena muestra también su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su aparición en un programa televisivo de humor, dijo con motivo de la presentación de los presupuestos autonómicos para el año que viene que incluyen un “paquete de medidas fiscales para bajar de nuevo los impuestos”.

La referencia de Alberto Núñez Feijóo era al tramo que puede tocar por sus competencias y que, tal y como indicó entonces, se trata de una reducción que beneficiará “a más del 90% de los contribuyentes”. A esto se le suman otras medidas como la rebaja de un punto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o la bonificación del 25 por ciento en el de Patrimonio manteniendo en el de Sucesiones las mismas rebajas que ya tenía.

Sabiendo que alguien le plantearía la pregunta en cuestión, el propio Feijóo se apresuró a aclarar el día de la presentación que se trata de unas partidas que garantizan “más que nunca los servicios públicos”.

Tal vez la explicación se encuentre en la aparición de otros impuestos que no van a distinguir entre rentas, sino que se aplican sobre un bien básico que, en el caso gallego, será el agua. Desde la oposición ya se ha calificado el gravamen que, vía legislativa, va a imponer la Xunta al agua como el “impuesto a la lluvia” en clara contraposición al controvertido ‘impuesto al sol’ del Gobierno central en tiempos de Mariano Rajoy.

Han sido varias las voces que se han posicionado en contra de esta figura a la que, por ejemplo, los nacionalistas han calificado como “ley del sablazo del agua”, frente a la denominación elegida por el Gobierno presidido por Feijóo (Lei de mellora do ciclo da auga).

Los críticos con la nueva normativa, entre los que se encuentra el PSdeG, consideran que la Ley provocará una subida del precio en forma de impuestos que repercutirán tanto a los concellos como a los usuarios en general.

La última en sumarse a las quejas es la Federación Galega de Municipios e Provincias, Fegamp, que para empezar confirma que el proyecto de Ley que prepara la Xunta “supondrá encarecimientos en la factura para muchas familias”.

La afirmación lanzada desde el organismo se produce después de que se diera a conocer una “filtración intencionada” de un acta de una de las reuniones de trabajo sobre el tema. Precisamente, “censura” esa filtración e indica que detrás de la misma había “intencionalidad política” que no ahonda en las especificaciones de las estimaciones.

En este sentido, en dicho análisis de la repercusión en la factura, según reconocen “había errores en las estimaciones”, pero aclara que “por ambas partes”. El encarecimiento del agua “variará en función de los conceptos a aplicar” en la propio factura, tal y como señalan desde la Federación, adelantando que sus técnicos han comenzado ya un estudio con una “muestra significativa de concellos para tener una radiografía más ajustada” sobre los supuestos en que se dará una subida de la factura.

Al margen de las polémicas, la Federación Galega de Municipios e Provincias considera “absolutamente necesaria” una ley que “mejore la gestión del agua en Galicia”. Asimismo, por la “importancia y complejidad” de la materia, aboga porque el proyecto esté acompañado de “una memoria económica exhaustiva”, para exigir que se cuente con ayuntamientos y diputaciones para buscar el mayor consenso posible.