Hay quien dice que una parte importante de los abultados impuestos que afectan a la energía en general y a la electricidad en particular, son una consecuencia clara de los tiempos de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo central.

Tras la apuesta clara del presidente José Luis Rodríguez Zapatero por las energías limpias como la mejor alternativa para paliar la debilidad energética del país, Rajoy, bajo el paraguas de la crisis económica, eliminó esa posibilidad, siendo el paradigma -negativo- de esta manera de hacer política el famoso ‘impuesto al sol’.

Estos días en Galicia se vuelve a hablar de este gravamen. A él se refirió en las últimas horas la líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, al indicar en alusión al Partido Popular que “primero impusieron el impuesto al sol y ahora quieren imponer el impuesto a la lluvia”.

Las alusiones de la portavoz del principal partido de la oposición en el Parlamento gallego se refieren a la normativa impulsada por el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo que, según ha denunciado, “subirá el precio” del agua con “nuevos impuestos tanto a los concellos como a los usuarios”. Para los nacionalistas la definición es muy clara: “Ley del sablazo del agua”.

Se da la circunstancia de que esta polémica se produce en un momento en que todos los dirigentes del PP, incluido el presidente gallego, han criticado con contundencia a Pedro Sánchez a propósito del incremento del coste de la electricidad.

A juicio de Pontón, la nueva normativa supondrá “un aumento de la factura del agua” vía subida de impuestos. El BNG ha pedido ya lo que desde la Xunta “llaman eufemisticamente Lei de mellora do ciclo da auga”. Las quejas no se quedan aquí porque, además, también genera inquietud la manera en que los ‘populares’ han sacado adelante la normativa “con nocturnidad y poniendo el texto a exposición pública durante el verano”.

"Sablazo" en toda regla

La portavoz nacionalista ha sido contundente al decir que mientras Feijóo “se pasa el día hablando de rebajar impostos a los ricos”, prepara un “sablazo” con el agua por la “puerta de atrás y sin tener en cuenta las posibilidades y recursos de las administraciones y personas afectadas".

Al margen de la subida de los precios del líquido elemento, el anteproyecto de ley del Ejecutivo de Galicia también incorpora nuevas cargas a los municipios como “la intención de cobrarles por la depuración de las aguas de lluvia”.

Curiosamente, esta polémica aparece en medio de otra no resuelta todavía provocada por el vaciado de cuatro embalses por parte de compañías eléctricas. Tras el cruce de comunicados entre la Xunta y la Confederación Hidrográfico Miño-Sil, Ana Pontón recuerda que Galicia lleva "once años sin elaborar el Plan General de Saneamiento y ahora pretende incrementar la carga fiscal” sobre los ayuntamientos y sus vecinos. Todo por la mala gestión realizado a través de sus EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales).

Por todo lo anterior, y porque un tema como el agua requiere de una “visión de país”, el BNG ha pedido ya la retirada del texto y un díálogo abierto y constructivo.