Cuando se habla de decretos, proyectos de ley, iniciativas… a veces se pierde lo esencial: a quién afecta cada voto en el parlamento y qué consecuencias reales tiene. Por ello, conviene saber y explicar bien qué se ha votado este martes en el Congreso.

PP, Vox y Junts per-Catalunya han unido sus votos para tumbar en el Congreso el decreto que contenía la renovación del escudo social. Y ese voto no ha sido neutro ni técnico. Ha sido una decisión política con efectos muy concretos sobre la vida de millones de personas.

El decreto incluía la subida de las pensiones, para que más de 13 millones de pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Incluía la subida del Ingreso Mínimo Vital, que sostiene a 785.000 familias vulnerables. Incluía la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a personas vulnerables, además de la prórroga del bono social eléctrico, una red básica de protección frente a la pobreza energética.

Incluía también la suspensión de los desahucios en supuestos tasados de vulnerabilidad, con acreditación previa, control judicial, así como compensaciones económicas a los propietarios. Y contemplaba medidas para la jubilación anticipada de colectivos de riesgo, como bomberos forestales y agentes medioambientales, además de incentivos fiscales ligados a la transición verde, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica, fundamentales para familias, autónomos, ayuntamientos y sectores productivos enteros.

Nada de esto era abstracto. Todo tenía destinatarios concretos, nombres y apellidos, realidades cotidianas. Hoy no se ha votado en contra de un decreto técnico, se ha votado en contra de proteger a la gente.

La explicación que se ha dado para justificar el voto en contra —lo habrán leído— han sido los desahucios. Y conviene explicar también esto con rigor, porque el debate público no puede sostenerse sobre medias verdades. La suspensión de desahucios no era general ni automática. Era temporal, limitada a casos de vulnerabilidad acreditada, sometida a ponderación judicial y acompañada de compensaciones económicas a los propietarios. Una medida equilibrada, pensada para evitar situaciones de exclusión extrema sin desproteger derechos. No un eslogan. No una ocurrencia. No un abuso. Aun así, se ha utilizado como excusa para votar no a todo lo demás.

No es la primera vez que ocurre. El Partido Popular lleva años afirmando que apoya la subida de las pensiones. Pero cada vez que esa subida llega al Congreso, su voto es no. Ha vuelto a ocurrir, con el mismo resultado de siempre: el PP no ha pensado en las personas, ha pensado únicamente en bloquear al Gobierno, aunque ese bloqueo tenga un coste social evidente.

No pierde el Gobierno, pierde la gente. Y conviene decirlo con claridad, porque la ciudadanía tiene derecho a saber quién defiende qué y quién bloquea qué. Los responsables de este retroceso social tienen nombre y apellidos: PP, Vox y Junts per Catalunya, que han decidido votar juntos para tumbar un decreto que protegía a la mayoría social.

Estar en la oposición no consiste solo en mirar al marcador político ni en calcular titulares. Exige también responsabilidad. Exige ejercer una oposición útil, capaz de tomar decisiones que mejoren la vida de las personas, incluso cuando hacerlo no resulta cómodo. Bloquear es lo fácil. Basta con decir no a todo, aunque el precio lo paguen otros.

Desde el Partido Socialista seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre: explicar, defender y votar a favor de la protección social. Porque creemos que las pensiones no se cuestionan, se garantizan. Que la vivienda no es un privilegio, es un derecho. Y que nadie debería quedarse atrás por cálculos partidistas.

Nuevamente, algunos han elegido el bloqueo. Nosotros seguiremos eligiendo a la gente.

Montse Mínguez,
Portavoz del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados