El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ha tardado apenas unas pocas horas en verter sobre el Gobierno central de Pedro Sánchez todo tipo de acusaciones tras el acuerdo que se ratificó este lunes entre Ejecutivo y Podemos para la regularización extraordinaria de migrantes. Con ello, los populares chocan de frente con la postura que su líder adoptó dos años atrás, cuando se mostró partidario de esta iniciativa legislativa popular (ILP) subrayando, además, que estas personas podían “estar tranquilas”.
Con este reciente discurso, con el que el líder de la oposición ha llegado a acusar al Gobierno de cerrar este acuerdo para desviar la atención del accidente ferroviario de Adamuz y “desbordar nuestros servicios públicos”, no solo se aleja de lo que él mismo defendió en 2024 sino de una ILP que anteriores gobiernos populares ya sacaron adelante en su día. El ejemplo más claro radica en las legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004. Durante su mandato como presidente del Gobierno, se aprobaron tres regularizaciones; la primera, nada más llegar al Ejecutivo en 1996, de la que se beneficiaron 21.283 personas según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y las otras dos en 2000 y 2001, a las que se acogieron 150.000 y 232.679 extranjeros, respectivamente. Es decir, con el Gobierno del PP de Aznar se regularizaron un total de 403.962 migrantes.
Sin embargo, previo a ello, lo cierto es que ya se habían sellado anteriores regularizaciones. La primera de ellas fue en 1986 con el gobierno de Felipe González. Según esta, todos los extranjeros que se encontraran en España “insuficientemente documentados” podían regularizar su situación, con ciertas excepciones como “estar implicado en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, “haber sido condenado por una conducta dolosa sancionada con pena privativa de libertad superior a un año”, “carecer de medios lícitos de vida”, o “ejercer la mendicidad”. A través de esta regularización se benefició a 38.181 extranjeros, sumados a los 108.321 que se beneficiaron de la que también se aprobó en 1991.
Con ello, el último proceso previo al aprobado este lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez se dio en 2005 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta regularización se beneficiaron 572.961 extranjeros, según datos de Migraciones. En este, y según dictaba una de las disposiciones del texto, el empresario debía “firmar con el trabajador un contrato de trabajo, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada”. Con ello, fue este proceso con el Gobierno socialista de Zapatero donde más migrantes quedaron beneficiados de la regularización.
Incongruencias en el relato de Feijóo
Con ello, esta contradicción en el discurso que ha expuesto este martes el líder de la oposición y lo que Aznar aprobó durante su mandato al frente del Gobierno de España, no es la única. El propio presidente de los populares, se postuló hace apenas dos años favorable a que este acuerdo saliera adelante. "Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, garantizó el líder del PP en abril de 2024.
Sin embargo, este lunes Feijóo acusó al Ejecutivo de Sánchez de “desbordar nuestros servicios públicos”, a la vez que relacionó el acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes con un intento de desviar el foco de atención del accidente de Adamuz y del de Rodalies de Cataluña. “Hasta 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión. Y la respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”, pronunciaba este lunes Feijóo. “En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba abajo”, agregaba en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).
Por su parte, su formación ha asegurado que este acuerdo “es una cortina de humo para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz” por el que “se están negando a asumir responsabilidades políticas”. “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías. Regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”, recogió el partido en un comunicado.
