El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo extraordinario de indemnizaciones, dotado con 20 millones de euros, para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que fallecieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas.
Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado la aprobación de un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las personas afectadas por ambos siniestros, ocurridos hace nueve y siete días, respectivamente.
Del total del fondo aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de seguros. En el caso de las víctimas mortales, las familias recibirán 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 euros en concepto de anticipo, cantidades que estarán exentas de tributación.
Para las personas heridas, las indemnizaciones se calcularán conforme al baremo vigente en función de la gravedad de las lesiones. Las ayudas oscilarán entre los 2.400 euros para los casos de menor entidad y más de 84.000 euros para las lesiones de máxima gravedad, cantidades que se duplicarán al sumarse el anticipo correspondiente.
Una vez que el seguro obligatorio determine oficialmente las lesiones y los fallecimientos, las víctimas o sus familiares recibirán una cantidad adicional idéntica por parte de dicho seguro. De este modo, según ha explicado el ministro, una víctima por fallecimiento percibirá hasta 210.000 euros en un plazo no superior a tres meses.
Puente ha subrayado que el Ejecutivo pretende evitar demoras como las vividas tras el accidente de Angrois. “No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó entonces. No vamos a permitir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización. Hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida”, ha afirmado.
Hacia un mecanismo estructural en accidentes de transporte colectivo
Además de las ayudas inmediatas, el ministro ha anunciado el inicio de modificaciones normativas para crear un mecanismo estructural de intervención pública. Este sistema permitiría que el Estado asuma de forma anticipada el pago de una parte de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de transporte colectivo, atendiendo a distintos factores.
Este adelanto se realizaría sin perjuicio de la posterior determinación de las responsabilidades civiles de las personas físicas o jurídicas implicadas, con el objetivo de garantizar una atención rápida y eficaz a las víctimas de este tipo de siniestros.
Oficinas de atención integral a las víctimas
Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha informado de que el Ministerio de Política Territorial ha habilitado nuevas líneas de atención a las personas afectadas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas de atención integral en la Subdelegación del Gobierno de Huelva y también en Barcelona, en este último caso para atender a las víctimas de Rodalies.
Asimismo, se ha activado el servicio de la Administración ‘Cerca de Ti’, mediante el cual, previa solicitud, profesionales de las delegaciones del Gobierno se desplazarán a los domicilios de las víctimas para ayudarles en la tramitación de las ayudas y acompañarlas en el proceso administrativo.
