Los juzgados gallegos han seguido a lo largo del penúltimo trimestre del año la tendencia estatal en materia de violencia de género. En este período, según ha informado hoy mismo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los órganos judiciales de la región han atendido en el tercer trimestre 1.854 denuncias por violencia de género. Esto supone un incremento del 14,4 % con respecto al mismo periodo de 2021, cuando se presentaron 1.620.

Del balance del Alto Tribunal gallego se deduca que una gran mayoría de las denuncias (hasta 1.440) alcanzaron la vía judicial tras atestados policiales con denuncia de la víctima. Cabe subrayar que también ha aumentado en el mismo período el número de mujeres que aparecen como víctimas, pues se contabilizaron las citadas 1.854, frente a las 1.597 de 2021. Esto se traduce en un aumento en este apartado del 16,1%.

Dentro de estos datos que apuntan a una subida importante, hay que señalar que la denominada tasa de violencia de género, es decir, la relativa a mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, en Galicia se sitúa en este trimestre en 13,3%, un porcentaje que la sitúa como la tercera más baja del Estado, con seis puntos y medio menos que la media española.

Los distintos órganos judiciales (juzgados de Violencia sobre la mujer, de lo Penal y audiencias provinciales) resolvieron estos episodios con una abrumadora mayoría de sentencias condenatorias, el 78,7 por cien.

De los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la región gallega se solicitaron ante los juzgados correspondientes 492 órdenes y medidas de protección de la víctima, un 12,6 % más que en las mismas fechas de 2021, cuando se demandaron 437. Llama la atención que, del total de peticiones, el 61,8% fueron concedidas.

Llamativa también es la cifra de menores que han sido juzgados por casos de violencia sobre la mujer en estos tres últimos meses del año. En total han sido cuatro y todos los casos finalizaron con imposición de medidas.

La nueva Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se ha dejado notar en los datos. Así, las medidas para proteger a los menores bajo el amparo de dicha normativa ha permitido que entre julio y septiembre los órganos judiciales gallegos hayan adoptado hasta 37 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, lo que supone un 85 por ciento más que el año anterior, cuando apenas se adoptaron 20.