El bochorno que supuso la investidura de Alfonso Fernández Mañueco de la mano de Juan García-Gallardo, permitiendo entrar por primera vez desde la transición a la ultraderecha en un gobierno, se ha quedado corto con lo que ha vivido el presidente de Castilla y León en las últimas semanas. Ya no solamente está siendo criticado por abrazarse a Vox para aferrarse a la Junta, sino que la pasividad ante las cuestiones vitales para la comunidad, con sus cuestionables políticas y gestiones han sido objeto de protestas ciudadanas.
Algo más de dos meses, desde el pasado 11 de abril, es lo que el líder de los populares de Castilla y León lleva en el Gobierno con sus nuevos socios, tras romper la coalición que mantenía con Ciudadanos y convocar elecciones. También han sido dos meses en los que los silencios, las vergüenzas, las polémicas y las críticas han abundando y han vuelto a dejar a Mañueco en la evidencia como presidente autonómico. Si queremos hacer mención a todos estos momentos en los que el líder autonómico no ha estado a la altura o ha tenido que esconderse de las vergüenzas de sus socios, hay que retrotraerse hasta el mismo día de la investidura para luego ir desmembrando las que han precedido. Aunque en esta ocasión se va a empezar por lo más reciente para culminar en el sonado y comentado inicio.
El presidente castellanoleones ha tenido que soportar esta semana las primeras protestas en las calles contra su gestión. Castilla y León ha sido escenario del peor incendio de España desde que hay registros: 30.800 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros se han arrasado en la Sierra de la Culebra en Zamora. Frente a él, la Junta de Castilla y León fue la administración que menos efectivos destinó para extinguirlo, aunque desde el Gobierno autonómico hayan querido defender su gestión asegurando que “con más medios” el incendio habría acabo igual, y equiparándolo con el volcán de La Palma, tal como ha hecho José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal: “Es como frenar el volcán de La Palma”.
Pese a que los datos no engañan, la Junta se ha empeñado en no admitir esta falta de medios, que tal como señalaba en declaraciones a ElPlural.com José Luis Vázquez, secretario de Medio Ambiente del PSOE, el dispositivo público castellano y leonés estaba en el 40% de la contratación y el operativo que se subcontrata a empresas privadas no llegaba al 25%, porque el INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias para Incendios Forestales en Castilla y León) solamente se mantiene activo desde el 1 de julio hasta el 31 de septiembre, tal como se estipuló cuando entró en vigor en 1999.
Para más inri, que ha llevado a los propios profesionales del sector a protestar frente a las Cortes en Valladolid, y que Mañueco ha menospreciado, tanto PP como Vox han votado en contra de revisar el INFOCAL para tener un operativo de incendios “público, con continuidad todo el año, bien formado y preparado y con condiciones laborales dignas”. Por todo ello, el líder del PP de la región ha sido acusado de “negligencia y desprecio”, así como una “absoluta irresponsabilidad”.
Siro, en pie pese a la pasividad de la Junta
Pocos días antes, Castilla y León se puso en jaque, pero esta vez no por una catástrofe natural, sino por una decisión empresarial que afectaría notablemente al tejido empresarial de la región. El Grupo Cerealto Siro Foods, uno de los gigantes galleteros de España, continuará funcionando en Palencia y Zamora y dando empleo a 1.700 personas pese a la pasividad que demostró la Junta de Castilla y León en las negociaciones para que no cerrara y los inversores que ofrecían una inyección de 180 millones de euros no se fueran.
Fue el Ministerio de Industria, liderado por María Reyes Maroto, quien consiguió, tras meses trabajando con discreción, un acuerdo entre los comités de empresa de Siro y los inversores, permitiendo con ello que las condiciones de trabajo de los profesionales en Toro, Palencia, Venta de Baños y Aguilar de Campoo no se vean menoscabadas con la entrada del inversor extranjero.
Muy distinta fue la acción del Gobierno autonómico en este sentido, que consiguió crear un ambiente de indignación entre los afectados por el cierre de las plantas. La ausencia, el silencio y la falta de apoyo del consejero de Empleo, de Vox, se sumó a las lamentables palabras del consejero de Economía, Fernández Carriedo, al respecto, que dijo que la fábrica de Venta de Baños era una empresa más que se cerraba.
Las primeras decisiones de la ultraderecha
Aunque los dos casos expuestos en las líneas que preceden han sido los de mayor repercusión, impacto ha tenido también el torpedo que ha lanzado Vox a patronal y sindicatos en la comunidad con un recorte de 20 millones de euros en subvenciones. Esta decisión, de la que los ultras han sacado pecho, tiene una repercusión directa en las partidas relacionadas con el diálogo social, la formación para el empleo o la integración social y laboral de la población inmigrante, así como las cátedras de las universidades públicas en las que los agentes sociales están implicados. Sindicatos, patronal y oposición se lanzaron contra Mañueco para exigirle responsabilidades y explicaciones, aunque su propio Gobierno no fue capaz de aclararlo.
“La medida no está en vigor ni ejecutada. No es un acuerdo formal”, aseguraba Fernández Carriedo para intentar explicar este hachazo a patronal y sindicatos ante el silencio que se dignó a guardar el presidente.
Otro meollo al que ha tenido que hacer frente Mañueco y sus consejeros del PP es el relacionado con la violencia de género, lo que sus socios tildan de “violencia intrafamiliar”. Ante el primer asesinato machista en la era Vox se registró el pasado 9 de junio, suponiendo el 1.149 en España desde que hay registros y el 19 en lo que iba de año, Mañueco se plegó en silencio a la violencia intrafamiliar cuando su vicepresidente aseguró que condenaba este tipo de violencia, y que estaban ante un caso de ese tipo, razón por la que asistió al minuto de silencio convocado por la Junta.
“La Junta de Castilla y León reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género, pero además de la lacra que supone esta violencia hacia las mujeres, también queremos regular la protección de otras personas que también son objeto de violencia en el ámbito familiar y que también merecen protección y apoyo”, justificaba Fernández Carriedo, que se ha convertido en el escudero de Mañueco, en su labor como portavoz, para tapar las manchas que les provocan sus socios.
Un estreno convulso
La investidura del pasado 11 de abril fue de Mañueco, pero la coronación fue de Vox, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, prefirió evitar la escena y no acudir a esta sesión en las Cortes. El propio Mañueco, para justificar su pacto con la ultraderecha tuvo que blanquear y acogerse al discurso de los de Santiago Abascal, tomando términos como la violencia intrafamiliar, la Ley de Concordia para la memoria histórica o la inmigración ordenada.
Las críticas por este acuerdo no le faltaron. Luis Tudanca, líder del PSOE en la región, ya advirtió que pagaría a la historia por haberse situado al lado de Vox, mientras que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, tildó el pacto como el de la “infamia”, y Francisco Igea, el único superviviente de Ciudadanos, le juzgó por los hechos.
El estreno del equipo de Gobierno en la primera sesión que se celebró en las Cortes no metió en menos apuros al Partido Popular, que tuvo que esconderse y callar ante las perlas de la vergüenza que soltó el vicepresidente, García-Gallardo. Tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de pervertir a los niños con la educación sexual en las aulas, al asegurar que “la educación debe servir para educar, no para convertir a los niños en activistas políticos” y defender que desde la Junta iban a “proteger a la infancia y liberarla de ideología de género”, el vicepresidente traspasó todos los límites al referirse a Noelia Frutos, procuradora en silla de ruedas del PSOE, como si fuera “una persona como las demás”.
No son pocas las vergüenzas que ha pasado Mañueco en estos poco más de dos meses, tanto por las acciones de sus socios como por las deficiencias en su propia gestión; pero no se esperan menos para los casi cuatro años que quedan de legislatura. No obstante, también cabe la posibilidad de que el pacto se rompa antes de tiempo como sucedió con el que mantenía con Ciudadanos y convoque elecciones, volviéndose a arriesgar a no conseguir los resultados esperados para poder gobernar en solitario.
