Podría decirse que es la guerra. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, también de Vox, Mariano Veganzones, han comparecido esta tarde para anunciar un torpedo a la línea de flotación de patronal y sindicatos de la Comunidad, que se traduce en un recorte de más de 20 millones de euros en el montante de ayudas y subvenciones a CEOE, UGT y CCOO, que venían recibiendo para la gestión de programas en materia de formación y empleo o para la integración social y laboral para la población inmigrante.

Los ultraderechistas en el Gobierno de la Comunidad Autónoma cumplen así la amenaza contra la financiación de los agentes sociales que propusieron de cara a la firma del acuerdo de gobierno con el Partido Popular a cambio de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, si bien, el punto en cuestión finalmente quedó reducido en el texto al anuncio de una "reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos".

Amparado en que el asunto de "reducir partidas superfluas y suprimir las inútiles" se habló en el Consejo de Gobierno del último jueves, pero sin confirmar si se entró en el detalle de esta decisión, García-Gallardo ha afirmado que "esto es sólo el principio" y que "se abordarán otras partidas presupuestarias en la Consejería de Industria y en otras consejerías y que afecten también a otras partidas que no son puramente de gasto político".

Vox ya había lanzado dardos envenenados en anteriores ocasiones a empresarios y sindicatos en sede parlamentaria, acusándoles de "manifestarse sólo para indultar a golpistas o apoyar a independentistas", calificándolos de "chiringuitos" y acusándoles, falsamente, de haberse embolsado en subvenciones directas 563 millones de euros, cantidad que, en realidad, correspondía al total de ayudas a ayuntamientos y diputaciones de toda la Comunidad, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas, asociaciones y sociedades de las nueve provincias entre los años 2018 y 2020 en el marco del diálogo social.

La Junta envía comunicado oficial

Tras la comparecencia de García-Gallardo y su consejero, que se remitieron al acuerdo de Gobierno con el PP, si bien reconociendo que "era un acuerdo de intenciones que ahora se irá concretando" y que no se trata de "recortar por recortar", sino de recortar lo "ultrasubvencionado", la Junta de Castilla y León remitió por su canal oficial un comunicado de prensa en el que, aparentemente, asume lo anunciado por parte del vicepresidente, si bien, el presidente Mañueco, que asiste esta tarde en Madrid a la firma del acuerdo para salvar Siro, a esta hora no se ha pronunciado.

En el comunicado se insiste en la intención de "recortar de manera significativa el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos", y transformar en concurrencia competitiva las subvenciones directas que no se supriman.

Según García-Gallardo, la idea, para el próximo presupuesto 2022-2023 es reducir "en no menos de un 50% el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León".

Adiós a las cátedras en las universidades

Los 4 millones de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León "quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto".

Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3,6 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo. El dinero ahorrado, según aseguran, se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras en las universidades de Castilla y León relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.

Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo: 12 millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante.

Con 14 de esos millones, señalaron, se promoverán "cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas", en los que, según aseguró Veganzones, están muy interesadas las empresas, si bien, no pudo facilitar esos datos.

Tanto la patronal como los sindicatos de Castilla y León renunciaron a realizar valoraciones al respecto del anuncio del vicepresidente y su consejero.