La oposición en Castilla y León no le ha ahorrado calificativos este martes al anuncio lanzado el lunes por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de la intención del ejecutivo autonómico de recortar en 20 millones las subvenciones a CEOE, UGT y CCOO que supondrán la supresión de algunas partidas y fuerte mengua de otras relacionadas con el diálogo social, la formación para el empleo o la integración social y laboral de la población inmigrante, así como las cátedras de las universidades públicas en las que los agentes sociales estaban implicados.

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “respalde o desacredite el ataque sin precedentes a la democracia y al diálogo social perpetrado ayer por el vicepresidente de la Junta y el consejero de Industria" que considera cercena derechos democráticos e "incluso ataca una de las señas de identidad de la Comunidad, el diálogo social, que se ha exportado a otras partes de España e, incluso, al extranjero”.

Asimismo, consideró que el Gobierno de Mañueco “denigra” las políticas de los gobiernos del expresidente Juan Vicente Herrera, porque “nada de lo que ocurre saldría adelante si no es con la complicidad de Mañueco y Feijóo”.

“¿Hasta dónde está dispuesto Mañueco a llegar para mantenerse en el poder?”, se preguntó Sánchez, que entiende que a Castilla y León la está gobernando “el PP más radical de la Unión Europea” y un presidente "que aplaudió ayer tarde en Madrid a los sindicatos que sacaron adelante los acuerdos para salvar las plantas de Siro en la Comunidad y el empleo de 1.700 familias mientras su vicepresidente rompía todas las relaciones con empresarios y sindicatos".

Ciudadanos registra una pregunta en las Cortes

Simultáneamente, el único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, registraba una pregunta en las Cortes de Castilla y León en la que define el anuncio de García-Gallardo de "sorprendente y que carece de sustentación documental en los órganos colegiados del Gobierno de la Junta", en referencia al hecho de que el vicepresidente aseguró ayer, lunes, que el asunto se había hablado en el último Consejo de Gobierno, el jueves pasado, pero, en cambio, no trascendió declaración alguna ni documentación al respecto durante la posterior comparecencia del portavoz del gobierno, Carlos Fernández Carriedo.

En el documento facilitado por Ciudadanos se reclama a Mañueco que aclare si conocía el contenido de lo que se iba a anunciar en la rueda de prensa del vicepresidente, si se debatieron en la Comisión Delegada o en el Consejo de Gobierno las partidas y las cantidades que se anunciaron en ese recorte, y si algún miembro del Gobierno informó a los agentes del diálogo social o a los rectores de las universidades.

Asimismo, Igea interroga al gobierno sobre otra cuestión: si considera que la utilización por parte del partido Vox de este anuncio podría suponer una utilización inadecuada de recursos públicos en una campaña electoral, si "este comportamiento se ajusta a lo previsto en la Ley del Diálogo Social", y si la Junta ha previsto las "posibles consecuencias civiles y penales de esta medida".

El procurador de Ciudadanos afirmó que ha escuchado hablar en numerosas ocasiones a Mañueco de deslealtad, pero que ha visto "pocas maniobras como la que vimos ayer, en plena campaña electoral, por parte del vicepresidente" si Mañueco no conocía lo que se iba a contar, aunque "es aún peor si lo conocía, puesto que entonces, el presidente de la Junta "participa en la estrategia electoral de Vox en Andalucía".

En este sentido, Igea afirma que teme que "eso es muy posible, porque Mañueco tiene mucho interés en no ser la anomalía, porque eso cuestionaría la supervivencia de su gobierno".

Mañueco calla y la patronal espera marcha atrás

Mientras tanto, en el sector del PP de la Junta de Castilla y León, el presidente guarda silencio y se remite a su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que se limita a asegurar que el asunto no afectará al diálogo social.

Curiosamente, en la agenda del consejero de Industria, Mariano Veganzones, que fue quien ayer especificó todas las medidas del recorte, hoy aparecía una reunión con la Federación Empresarial Segoviana, tras la que su presidente, Andrés Ortega, se ha mostrado preocupado por el anuncio, si bien ha incidido en que no se trata de "una decisión del Consejo de Gobierno", sino del anuncio de "una parte" de la Junta que espera que el presidente "vuelva a la normalidad".

Ortega opina que "esta parte de la Junta" no ha calibrado que el dinero que pretenden suprimir no es para los sindicatos ni para la patronal, sino que con esta decisión se estarían "recortando servicios a los trabajadores y a quienes se encuentran en una situación de desempleo, que son las personas que más lo necesitan".

No obstante, fuentes del ejecutivo han señalado a El Plural que "el vicepresidente ha hablado en nombre del gobierno; la posición del Gobierno es la que se ha dado".