El incendio forestal de la Sierra de la Culebra en Zamora ya se ha convertido en el más grave de todos los que se han registrado en Castilla y León y ha entrado en la lista de los peores registrados en España como el mayor en la historia del país. La Junta ya lo da por “estabilizado” después de haber arrasado desde el pasado miércoles 30.800 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros, pero las devastadoras consecuencias de esta catástrofe vuelven a evidenciar la falta de gestión del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente autonómico ha achacado el incendio a “condiciones climáticas probablemente únicas en décadas”, pero sin hacer referencia a la falta de previsión de la Junta de Castilla y León para activar el plan antiincendios, que se pondrá en marcha el 1 de julio pese a llevar desde el mes de mayo con temperaturas mucho más altas de lo habitual. No solo la oposición ha cargado contra el propio presidente por esto -que además han planteado en las Cortes varias propuestas relacionadas con la política de prevención, extinción de incendios y emergencias-, sino también los sindicatos y los propios profesionales.

“Lo que ha acontecido, esta tragedia social, ambiental, económica y de futuro para este territorio, ha sido una absoluta irresponsabilidad, además de una negligencia y un desprecio, porque la falta de un dispositivo que durante todo el año estuviera dotado tanto de personal como material suficiente para intervenir frente a las emergencias que provoca el cambio climático es incuestionable”, denuncia José Luis Vázquez, secretario de Medio Ambiente y portavoz del área en las Cortes, en declaraciones a ElPlural.com. “La Junta de Mañueco es la causante, la última y máxima responsable. Ha sido advertida durante años por los diferentes integrantes del colectivo (agentes ambientales, bomberos forestales, los propios técnicos que hace un año denunciaban que no contaban con medios suficientes para hacer frente a las adversidades) y hoy nos hemos encontrado con este incendio, en plena ola de calor, una ola de calor que ya no es como las convencionales, y que veníamos de un mes de mayo con sendas olas de calor”, añade.

A lo que el socialista quiere hacer referencia con esta reflexión es que tanto el colectivo como los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes llevan años reclamando la revisión del INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León), un plan operativo vigente desde 1999, cuando el cambio climático no era el mayor reto al que se enfrentaba la humanidad. “Claro que este incendio no era previsible, pero sí era absolutamente esperable que pudiera ocurrir, por eso hay que estar preparados, y el dispositivo de la Junta de Castilla y León, además de no estar coordinado y no estar bien dotado, no está contratado ni tan siquiera aquello que está privatizado”, ha aseverado Vázquez al respecto.

El menor dispositivo puesto en marcha

La realidad es que el dispositivo desplegado por la Junta de Castilla y León es el menor de todos los que han intervenido en las labores de extinción. Tal como ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, el Gobierno central ha apoyado a la comunidad con más de 600 efectivos, “casi 400 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), más de 100 de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), 120 guardias civiles”. A estos hay que sumar los destacamentos provenientes de otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha o Extremadura.

En cambio, el Gobierno autonómico ha tenido su dispositivo público en el 40% de la contratación, y el resto del operativo, el que se subcontrata a las empresas privadas, no llegaba al 25%. Por ello, Vázquez es contundente en la valoración de esta catástrofe: “Es el mayor desastre ecológico y tiene que tener no solamente una responsabilidad, sino también una lección aprendida, y es que no se puede posponer por más tiempo la revisión del INFOCAL y la adaptación del operativo”. En este sentido, asegura que el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene que ser cesado del cargo.

A esta deficiencia en la gestión se suma que el pasado miércoles -ya habiéndose registrado el incendio-, el propio Suárez-Quiñones comparecía en el Centro de Defensa del Fuego en León para presentar el operativo de lucha contra incendios forestales en 2022 “para la próxima época de peligro alto, que se prevé complicada debido a la escasez de lluvias en primavera”, prevista entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Pero todas las cifras que ofreció el responsable de la Junta de Castilla y León, 4.540 profesionales y 806 medios materiales terrestres y aéreos, son "a futuro", puesto que, según han explicado los profesionales de prevención y extinción de incendios forestales de la comunidad, el personal subcontratado (el 70% del total de esos 4.540) aún no se ha incorporado, los retenes no están operativos y buena parte de los 22 helicópteros no han llegado aún a las bases.

La propuesta incesante del PSOE

Tal como señala José Luis Vázquez, el Ejecutivo, y especialmente el Partido Popular, tiene este miércoles la oportunidad de adoptar medidas al respecto en el debate en el Pleno de una moción presentada por el PSOE en la que se plantean varias propuestas relacionadas con la política de prevención, extinción de incendios y emergencias. También coincide este debate con la protesta, convocada por ATIFCYL, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, reclamando un operativo de incendios “público, con continuidad todo el año, bien formado y preparado y con condiciones laborales dignas”.

En la moción, los socialistas proponen seis puntos a la votación de los grupos para instar al Gobierno autonómico a que durante el plazo de tres meses proceda a la revisión, actualización y modificación del plan INFOCAL, y que en el plazo máximo de un año y medio, transforme el dispositivo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León en un operativo de extinción de incendios y emergencias permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios humanos y materiales para toda la Comunidad. No obstante, otras mociones similares en años anteriores han sido rechazadas por el equipo de gobierno.

Además, los socialistas también piden una ley de Emergencia Climática en la comunidad, otra que regule los servicios públicos de Prevención y de Incendios, Emergencias y Salvamento de Castilla y León, y la creación de una comisión parlamentaria no permanente para el seguimiento continuado de las medidas propuestas.

“Yo creo que Mañueco jamás ha tenido política, nunca se ha preocupado de su política, y ahora que entre sus socios tiene a aquellos que cuestionan la dignidad de nuestro pasado, que niegan la violencia machista y son negacionistas del cambio climático, creo que tenemos la mala suerte en Castilla y León de contar con un presidente indolente, con un presidente que no tiene sensibilidad para hacer frente a los retos que tiene la gente de esta comunidad”, asevera Vázquez, antes de sentenciar que “esa incompetencia e indolencia se ha traducido a lo largo de muchos años en la falta de política y en el más terrible de los incendios que ha padecido España desde que se tiene constancia de ello”.