Los bomberos forestales de la Comunidad Autónoma se concentrarán el miércoles frente a las Cortes de Castilla y León reclamando un operativo de incendios “público, con continuidad todo el año, bien formado y preparado y con condiciones laborales dignas”.

La protesta, convocada por ATIFCYL, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, coincidirá con el debate en el Pleno de una moción presentada por el PSOE en la que plantean varias propuestas relacionadas con la política de prevención, extinción de incendios y emergencias de la Junta de Castilla y León.

En la moción, los socialistas proponen seis puntos a la votación de los grupos para instar al Gobierno autonómico a que durante el plazo de 3 meses proceda a la revisión, actualización y modificación del Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León, INFOCAL, y que en el plazo máximo de un año y medio, transforme el dispositivo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León en un operativo de extinción de incendios y emergencias permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios humanos y materiales para toda la Comunidad.

El PSOE pide, además, una ley de Emergencia Climática de Castilla y León, otra que regule los servicios públicos de Prevención y de Incendios, Emergencias y Salvamento de Castilla y León, y la creación de una comisión parlamentaria no permanente para el seguimiento continuado de las medidas propuestas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, afirma que, ahora que el incendio empieza a remitir, gracias a la mejoría de las condiciones climatológicas y el enorme esfuerzo de todos los efectivos desplegados, de la propia Junta de Castilla y León, pero también de otras cinco Comunidades Autónomas y las dotaciones de la UME, que aportó 240 militares -la mitad del dispositivo-, así como el Ministerio para la Transición Ecológica, es hora de pedir responsabilidades, y en consecuencia, entiende que el consejero de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “debe dimitir”.

Vázquez recuerda que en septiembre del pasado año, 2021, tras la tragedia de Navalacruz, en Ávila, se produjo otra gran movilización de bomberos y agentes medioambientales a las puertas de las Cortes que, en cambio, no fue seguida de la actualización del protocolo de incendios, que data de 1999, y que es urgente modificar.

En su opinión, “por supuesto que las condiciones meteorológicas extremas son impredecibles, pero por eso es imprescindible estar preparados con un operativo que trabaje todo el año en previsión de olas de calor, y temperaturas extremas, que ahora ya no se limitan a los meses de verano, a consecuencia del cambio climático”. El procurador socialista considera “tremendo” que, en cambio, el consejero de la Junta tache de “despilfarro” un modelo de prevención y extinción de incendios que tienen en marcha otras Comunidades Autónomas, de diverso signo político.

Los profesionales de incendios reiteran sus reivindicaciones

 Las demandas que ATIFCYL defenderá, de nuevo, en su movilización del próximo miércoles, se basan en la evidencia de que la temporalidad de los bomberos forestales favorece la propagación de incendios fuera de su capacidad de extinción.

La estacionalidad del operativo, señalan, no permite que en invierno se realicen los trabajos preventivos necesarios para evitar catástrofes como la actual de Zamora, un incendio, consideran, “que podría haberse sofocado sin más complicaciones se ha convertido en un problema a nivel nacional”.

Recuerdan que actualmente, fuera de los periodos de “riesgo alto de incendios”, que son dictados “arbitrariamente” entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, sin tener en consideración las condiciones climáticas, el operativo de incendios forestales se encuentra “inoperativo”, ya que cerca del 95% del personal es despedido al finalizar septiembre.

Debido a esto, la Consejería de Medio Ambiente “se ve obligada a gestionar situaciones tan catastróficas como el incendio de la Sierra de la Culebra con tan sólo un 30% del operativo contratado, dependiendo de la buena voluntad de otras comunidades -Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Extremadura- y entidades dependientes del Gobierno de España, que en conjunto han aportado más personal y más medios a la extinción que la propia Junta de Castilla y León”.

Por todo ello, reclaman un dispositivo plenamente operativo el 100% del año, formación (el adiestramiento, aseguran apenas alcanza 16 horas cada 5 años), más medios materiales y más modernos (las autobombas superan los 40 años de antigüedad, y los helicópteros casi nunca llegan a sus bases en la fecha indicada en los pliegos, aseguran), y sobre todo, la desestacionalización de los incendios, puesto que la verdadera campaña comienza en primavera y los incendios no se limitan a los meses más templados (el incendio de Hermisende, también en Zamora, arrasó más de 2.000 hectáreas el pasado mes de febrero).

Además, se suman a la petición socialista de reforma del INFOCAL, lo que permitirá mayor capacidad de control frente a situaciones excepcionales, fijación de población joven en el medio rural y ahorro en los presupuestos de extinción, puesto que “los costes que supone un gran incendio forestal superan con creces el coste anual del operativo, llegando a quintuplicarlo”.

A la espera de las nuevas mediciones de la zona quemada a lo largo del día de hoy, este sábado eran ya 25.000 las hectáreas perdidas en la Sierra de la Culebra, si bien hoy pudo restablecerse el servicio del AVE Orense-Zamora, que había quedado interrumpido por el incendio y los vecinos desalojados por la Guardia Civil en una veintena de pueblos (unas 1.250 personas) comienzan a regresar a sus municipios