El Parlament de Cataluña cierra hasta finales de marzo para protegerse del coronavirus, aplazando el debate de presupuestos y amenazando así los planes de ERC de disponer cuanto antes de unas cuentas públicas actualizadas para presentarse a las elecciones con algo concreto en las manos. Sin presupuestos no habrá convocatoria electoral, según anunció el presidente de la Generalitat en su día. Las nuevas circunstancias permitirían a Quim Torra prolongar la legislatura hasta el año que viene, aprovechando el eventual aplazamiento de los comicios en Galicia y el País Vasco al próximo otoño-invierno.

Esta eventualidad se convertiría en una pesadilla para ERC, cuya convivencia con JxCat en el seno del gobierno se ha vuelto insostenible después del cese-dimisión del titular de Exteriores, el republicano Alfred Bosch, por su gestión en un caso de acoso sexual protagonizado, supuestamente, por su jefe de gabinete, cesado de su cargo pero sin haber activado el protocolo de la Generalitat para estos casos. Tras este episodio, en el que Torra puso el listón de la exigencia muy alto, a juicio de ERC, todo hacia pensar en un adelanto electoral para el próximo mes de junio; sin embargo el virus ha venido a trastocarlo todo, primero aplazando la aprobación del presupuesto y después complicando una convocatoria para antes del verano, dadas las previsiones oficiosas para la recuperación de la normalidad política y social.

ERC y los Comunes, sus aliados en esta materia, eran poco partidarios de aplazar el pleno de la próxima semana, el día 19, apelando a la urgencia de disponer de un presupuesto apropiado para hacer frente a la crisis del coronavirus. JxCat no se opuso formalmente a esta aspiración, pero expresaban en privado las dudas sobre tanta prisa cuando las circunstancias habían cambiado a peor desde que se elaboraron dichos presupuestos. El resto de grupos compartían estas dudas, subrayando que el proyecto aprobado en la comisión ya no tenía sentido tras el coste de las medidas de choque para reforzar el sistema sanitario y  paliar los efectos de la paralización de la economía implícitas en los confinamientos previsibles.

Para complicar el horizonte diseñado por ERC, el grupo de Ciudadanos presentó una petición ante el consejo de garantías estatutarias para que dictaminara sobre la legalidad del proyecto de presupuestos, un trámite que por el solo, ya aplazaría hasta finales de mes el debate en el pleno. La maniobra de Ciudadanos ha sido calificada de irresponsable por el presidente Torra y el vicepresidente Aragonés, apelando a la situación de emergencia que se vive.  Al final, la prudencia de la Mesa del Parlament de suspender toda actividad en la cámara hasta el día 27 de marzo ha dado con el traste a las prisas republicanas.

ERC depositó hace meses buena parte de sus esperanzas para ganar las elecciones en estos presupuestos así como en la puesta en marcha de la mesa de negociación. Estos dos objetivos, al igual que la propia convocatoria electoral en la que contaba con capitalizar sus éxitos, están en el aire por la parálisis institucional decretada por el coronavirus, contra la que difícilmente puedan batallar los republicanos. La mesa podría reanudarse vía videoconferencia, como propuso Torra, pero no va ser fácil introducirla en una agenda repleta de urgencias gubernamentales; de la misma manera, el estado de alarma puede alargarse más allá de los quince días iniciales, dejando cualquier calendario electoral a la intemperie.

Las críticas a la pretensión de ERC de mantener el proyecto de presupuestos, cómo si no hubiere pasado nada desde su redacción y pacto con los Comunes en enero, proseguirán en cuanto acabe el periodo de suspensión del Parlament. En contra de esta posición, se apelará a la decisión del presidente del gobierno central de ofrecer a todos los grupos del Congreso una negociación para elaborar unos presupuestos extraordinarios que puedan contar con el máximo consenso.

De prosperar esta iniciativa, el proyecto catalán podría ser revisado a la alza; renunciar a esta perspectiva tendría sus costes políticos y rozaría el absurdo cuando la Generalitat viene lamentando desde hace décadas la insuficiencia de gasto de la que dispone. Aunque está por ver que la esperanza de Pedro Sánchez obtenga la complicidad del PP, cuyo discurso en esta emergencia no consigue obviar los intereses partidistas.