Carles Puigdemont ha pasado de repente de ser un eurodiputado de Junts huido de la justicia española por su participación en el Procés, instalado en Waterloo a la espera de la decisión de la justicia europea sobre su inmunidad, a ser la persona clave para asegurar la investidura a Pedro Sánchez. Un auténtico problema de estado. El ajustado resultado de las elecciones generales, en el que su partido ha quedado nuevamente por detrás de sus acérrimos adversarios de ERC, se ha convertido en una nueva carambola para la carrera política del ex presidente de la Generalitat. Saber qué decidirá Puigdemont en las negociaciones inevitables con el PSOE es un misterio que ni siquiera en la sede de Junts son capaces de desvelar ahora mismo.
Puigdemont es un periodista emprendedor cuyas aventuras profesionales solían ir a cuenta del dinero público. La más conocida, la creación de la Agencia Catalana de Noticies, que fue impulsada desde Girona por un puñado de instituciones locales controladas por CiU y acabó siendo propiedad de la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Al poco de abandonar el proyecto periodístico, la primera carambola de su vida política le aupó al liderazgo de la lista de CiU a la alcaldía de Girona. Carles Mascort, el elegido por el partido para encabezarla, renunció a hacerlo, denunciando amenazas personales. Sus cinco años en la alcaldía gerundense dieron para poco más que una campaña turística, la instalación de una estelada ostentosa y un discurso reivindicativo el día de la inauguración de la estación del AVE ante el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
En su etapa de alcalde de Girona dedicó mucho tiempo a la presidencia de la Associació de Municipis per la Independència, AMI. Su protagonismo en esta entidad municipalista durante los primeros años de la efervescencia soberanista de la segunda presidencia de Artur Mas le situó en el lugar apropiado en el momento justo para hacer el salto a la política catalana. Cuando la CUP mandó a la papelera de la historia a Mas, exigiendo un presidente dispuesto a convocar un referéndum, el presidente de la Generalitat en funciones exigió elegir a su sucesor. Sabiendo que en su entorno no había ningún nombre apropiado o tal vez desconfiando de todos los que le habían vendido a los antisistema por mantener en el poder autonómico, optó por el presidente de la AMI, con el que había departido muchos actos propagandísticos y se supone que, también, algunas charlas personales.
La segunda carambola de Puigdemont causó perplejidad en Girona dado la herencia de su gestión en la alcaldía. Ciertamente, a día de hoy, Puigdemont es el hombre más popular de Girona y provincia por la determinación con la que apoyó el referéndum del 1-O y por la osadía de huir de la justicia española cuando todo el Procés acabó mal. Las muchas crónicas periodísticas del Procés difieren sobre el grado de entusiasmo del Puigdemont presidente de la Generalitat por llevar hasta el final el desafío soberanista al gobierno de Rajoy. Más bien parece que tanto él como Oriol Junqueras llegaron hasta donde llegaron como resultado de un marcaje político y personal alejado de toda opción de diálogo en el que solían reaccionar a la contra de la propuesta del interlocutor.
El hecho histórico de que el presidente de la Generalitat, teóricamente el primer impulsor de la declaración de independencia, permaneciera callado en la sesión solemne del Parlament para proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña del resto de España, habla de forma elocuente de su determinación política para avanzar hacia la república catalana. Fue mucho más decidido unas horas después para abandonar el país rumbo a Bélgica. Ha sido justamente en su estancia en Waterloo cuando su figura ha alcanzado su máxima proyección popular, como presidente legítimo de la Generalitat y héroe retador del Estado español en contraposición a los dirigentes independentistas que fueron juzgados, encarcelados e indultados por este mismo estado.
Puigdemont diseño varias plataformas políticas a su servicio antes de dar con la fórmula de Junts per Catalunya en 2020. A pesar de haber imaginado este partido como instrumento para dirigir el movimiento independentista sobre el terreno, en junio de 2022 se despidió de la presidencia de la formación criticando a todos aquellos que “se han instalado en la normalidad, la reconciliación y una pacificación que les permita ir tirando” porque esto “tiene consecuencias catastróficas” para la causa. Laura Borràs recogió la antorcha de la oposición a los pragmáticos de su partido y por descontado a los de ERC, que según su análisis son casi todos, empezando por el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Con estos antecedentes, no puede extrañar que la negociación con Junts y con Puigdemont se presuma extremadamente compleja. En primer lugar, para saber con quién tiene que negociar el PSOE. Después, para conocer las expectativas reales de Puigdemont que podrían diferir claramente de las de su partido. Junts, proclamas al margen, tiene un problema evidente de subsistencia financiera por la desaparición de todas sus parcelas de poder autonómico y local, a excepción de la Diputación de Girona. Y Puigdemont a está a la espera de conocer el futuro inminente de su inmunidad como diputado europeo.
El ritmo de la negociación para la investidura puede verse acelerado por el tempo de la justicia europea, pendiente de recibir el recurso de Puigdemont a su derrota en el Tribunal General de la Unión Europea; de verse reafirmada esta derrota procesal, el posterior relanzamiento de las euroórdenes por el juez Llarena haría que las prisas se adueñaran de los negociadores. La lentitud de la justicia, por el contrario, podría tentar a Puigdemont a dar largas a las conversaciones para aplazarlas tras una repetición electoral que el PSOE rechaza de plano.
