Cataluña ha alcanzado la velocidad de crucero para navegar con cierta comodidad durante los meses de excepcionalidad debidos a la celebración del juicio en el Tribunal Supremo. Tras la sentencia, ya se verá, pero por ahora se trata de compaginar fracasos en la convocatoria de huelgas y de intentos de paralizar el país con éxitos persistentes en las manifestaciones de protesta contra el encarcelamiento y la vista oral de los dirigentes juzgados estos días. El gobierno Torra sigue paralizado por la pena, teñida cada vez más de antieuropeísmo, dada la pasividad de las instituciones comunitarias ante sus reclamaciones de auxilio. Para complicar el escenario, el independentismo más radical ha entrado en conflicto con CCOO, el sindicato mayoritario en Cataluña.
Los múltiples mensajes emitidos desde la sala del Tribunal Supremo se desactivan mutuamente. La calle independentista interpreta el discurso cansino y rutinario de la fiscalía y la abogacía del estado como una dificultad para consolidar sus acusaciones de violencia rebelde, perspectiva en la que coinciden con múltiples analistas. Sin embargo, este optimismo no acaba de despegar por la coincidencia y la insistencia de los consejeros de a pie en negar ante el tribunal la DUI y en apelar a una mano invisible como organizadora del referéndum del 1-O para evitar cualquier responsabilidad del gobierno de la Generalitat.
Esta versión procesalmente pragmática que desactiva políticamente cualquier apariencia de referéndum con mandato democrático irrita sobremanera a un sector soberanista que todavía se resiste a aceptar una evidencia documental conocida desde el primer momento, aunque la propia fiscalía erró no hace tanto al dar por publicada la proclamación en el diario oficial de la Generalitat. Los discursos emotivos y teóricos del ex vicepresidente Oriol Junqueras y del titular de Exteriores, Raül Romeva, evitando referirse a la inexistencia de la república y reclamando el derecho a ejercer la autodeterminación; así como el firme rechazo de la violencia protagonizado por el ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, compensan aquellas versiones.
“Algunos sentíamos que el gobierno (de Puigdemont) debía ser de todos los catalanes y no lo fuimos”, dijo el ex consejero Santi Vila en su interrogatorio por el fiscal para explicar su sensación de fracaso al no conseguir que el entonces presidente de la Generalitat convocara elecciones como alternativa a la sesión parlamentaria en la que se aprobó el sucedáneo de la declaración de independencia. El actual gobierno Torra sigue los pasos de su predecesor en este sentido, actuar como gobierno independentista para independentistas; que en su caso se traduce en avalar una huelga general política convocada formalmente por su sindicato que solo consigue un paro absoluto entre el propio consejo ejecutivo y en el Parlament. Contrariamente, los miles de ciudadanos que se manifestaron multitudinariamente en el cierre de la jornada en diversas ciudades consiguieron compatibilizar su jornada electoral con su participación en la protesta.
La jornada de paro tuvo una consecuencia inesperada, tal vez un imprevisto, originado en unas pintadas amarillas en la sede de CCOO, señalando al sindicato como “la vergüenza de la clase obrera” por no haber apoyado la huelga general. El consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, salió inmediatamente a condenar el ataque, ante el peligro de una ruptura con la principal fuerza sindical en Cataluña que, en su día, participó de los pactos nacionales del derecho a decidir y del referéndum y también del paro general del 3 de octubre de 2017 para protestar por la violencia policial del 1-O. Desde aquella fecha, tanto CCOO como UGT se han ido desmarcando de las convocatorias lideradas por el sindicato minoritario Intersindical-SCS que, con solo 321 delegados sindicales en Cataluña (de aproximadamente 50.000 delegados), se ha convertido en el brazo sindical del independentismo radical gracias al aval del gobierno Torra a sus iniciativas.
El enfrentamiento con CCOO supone para el independentismo un nuevo factor de distanciamiento con los Comuns, muy decepcionados ya por la falta de apoyo de PDeCat y ERC a los presupuestos del gobierno Sánchez y por el fracaso de los contactos mantenidos por el partido de Colau con ERC sobre las cuentas de la Generalitat. La sospecha de una próxima incorporación a las candidaturas republicanas de la ex portavoz de los Comuns en el Parlament, Elisenda Alamany, hoy diputada sin adscripción en la cámara catalana, no ayudará a suavizar las relaciones entre la mayoría parlamentaria y el partido de la alcaldesa de Barcelona.
