La amnistía para los dirigentes y activistas independentistas que fueron condenados, procesados o investigados por su participación en el Procés, así como los miembros de las fuerzas de seguridad que respondieron con exceso de celo a algunos de aquellos actos, será una realidad muy pronto. El texto de la proposición de ley hace una defensa tan decidida de su constitucionalidad y de su imprescindible aprobación para reforzar la convivencia en Cataluña que hasta sorprende que el PSOE no la presentara en 2019, 2020, 2021 o 2022. Realpolitik, pues. Una vez materializada la primera de sus consecuencias, la investidura de Pedro Sánchez, habrá que comprobar sus efectos sobre la realidad política y social de Cataluña, el argumento esencial para justificar del proyecto, aunque ha quedado manifiestamente supeditado a las urgencias gubernamentales del PSOE.

Los textos firmados por el PSOE con ERC y Junts para asegurarse sus votos en el debate de investidura recogen una apuesta compartida por el diálogo como fórmula para encarar el conflicto político catalán. Este compromiso es la bandera del éxito enarbolada por los socialistas y la gran novedad literaria de los pactos de los socialistas con los independentistas. Hasta la semana pasada, Carles Puigdemont y el partido que ya no preside, pero sigue controlando, habían negado esta vía estrenada por ERC hace unos años. Conocer el grado de sinceridad de este giro estratégico de Junts aportaría clave para aventurar su impacto en la política catalana, empantanada y dividida a conciencia. De tal sinceridad del legitimismo neoconvergente depende también el rédito que pueda atesorar el PSC en las próximas elecciones autonómicas de todo este proceso de cambio de ritmo.

El abandono de la unilateralidad y el respeto al ordenamiento jurídico vigente fueron celebrados de inmediato en cuanto se conoció el texto firmado por el PSOE y Junts. Esta suposición, que sería la noticia de la década para Cataluña y que justificaría según los socialistas el riesgo político asumido con el gesto de generosidad por parte del Congreso de los Diputados, quedó en entredicho a las pocas horas de hacer público el documento. El secretario general de Junts, Jordi Turull, tranquilizó a sus militantes, justo en el momento de pedirles su voto favorable al pacto alcanzado con el PSOE, asegurándoles que “no hemos renunciado a nada”. Naturalmente, en vísperas de la sesión de investidura, el otro firmante del pacto no le pidió a Turull ninguna aclaración de sus palabras.

Entre tantas comisiones de investigación previstas para definir los siguientes pasos de materialización del texto, se darán también múltiples oportunidades para ambas partes de matizar, reconsiderar o reinterpretar la literalidad de los acordado para sacar adelante la investidura y así frenar el trumpismo amenazante en la política española, según el documento firmado por los ex primeros secretarios del PSC. Los socialistas catalanes han rectificado su acreditada y exitosa oposición electoral a la amnistía para satisfacer las urgencias de Pedro Sánchez y dar un voto de confianza a las tesis del PSOE sobre la idoneidad de esta estrategia para desinflamar un poco más la situación en Cataluña, intentado llegar a la soñada reconciliación.

De no torcerse ninguno de los renglones publicitados, las fuerzas políticas mayoritarias de Cataluña estarían en la onda del diálogo, por primera vez desde hace años, para intentar identificar una fórmula de consenso para satisfacer las ambiciones nacionales catalanas en lo máximo que permita la Constitución. Este sensacional horizonte presenta algunos nubarrones, aun descartando cualquier duda sobre la sinceridad de lo firmado por Junts. El más notable, el acuerdo sobre el mecanismo para alcanzar el consenso de una eventual salida al conflicto.

El conflicto catalán deberá debatirse de entrada en tres mesas de negociación. La institucional entre el Gobierno central y la Generalitat, en la nevera desde hace meses, pero pronta a descongelarse gracias al acuerdo PSOE-ERC, con algún moderador para tranquilizar suspicacias. La mesa recién creada entre PSOE y Junts para mantener su diálogo bilateral en presencia de un observador internacional para impedir que la desconfianza impida siquiera su constitución. La mesa de grupos parlamentarios catalanes que anunció el presidente de la Generalitat para discutir sobre su Acuerdo de Claridad que posteriormente quiere presentar en la primera mesa creada y a la que el PSC ya anunció que no piensa asistir por ser una propuesta de división.

Y faltaría todavía la mesa que viene exigiendo sin éxito el PSC. En este espacio, los partidos catalanes deberían reflexionar y acordar cualquier propuesta para presentar al gobierno central para avanzar en positivo. Esta mesa lleva cierto retraso en crearse, a pesar de que ERC aceptó la idea en su primer pacto parlamentario con el PSOE y que Salvador Illa la reclama siempre que tiene ocasión. Las relaciones entre PSC y el gobierno catalán no pasan por su mejor momento. Después de permitir la aprobación de los presupuestos de 2023, los socialistas se resisten a entrar a negociar los de 2024 por sentirse engañados por la primera experiencia.

Este singular escenario de diálogo elevado a la enésima potencia entre partidos que llevan meses o años sin hablarse es todo un reto. Antes de poner la primera piedra a este sugerente proyecto de mesas no conectadas, Junts y ERC han vuelto a la greña por intentar capitalizar su papel en la redacción de la ley de amnistía. El PSOE ha presentado un texto que no recoge el concepto de lawfare, que tanto interesaba a un sector de Junts y tanto molestaba a ERC. Y el PSC, que formalmente no ha participado de la negociación por imposición de Puigdemont, viene manteniendo un prudente silencio a la espera de acontecimientos.