El debate en el Parlament sobre la amnistía para los responsables del Procés se desarrolló y acabó como se suponía. La oposición ni tan solo presentó enmiendas al texto de la resolución, salvo el grupo de Catalunya en Comú-Podem, y los grupos de la mayoría no se ahorraron el intercambio de pullas a pesar de compartir la resolución. ERC y JxCat eran muy conscientes de estar brindando al sol con una petición que saben que no va a prosperar, hasta el punto de ceder la iniciativa a la CUP, encantadas de tener algún protagonismo en lo que denominan “lógica anti represiva” de la política catalana. Era la sesión de despedida de la actual legislatura y el independentismo no dejó escapar la última oportunidad de ejercer su derecho a la gesticulación.
Josep Costa, el vicepresidente del Parlament por JxCat objeto de polémica estas semanas por su telecontacto con algunos grupos de la extrema derecha independentista, admitió sin mayor reparo la plena consciencia de la inoperancia de la resolución, advirtiendo que una vez fracasada esta iniciativa habría que formular una “vía independentista para liberar a los presos”. No se entretuvo en pormenorizar esta variante de la unilateralidad, tal vez por no saber cómo materializarla, pero lo dejó caer para desesperación de sus socios y de la oposición.
Costa, en realidad, tenía mucho más interés en subrayar que la cámara catalana todavía estaba pagando la parálisis y “la pérdida de soberanía” provocada por el 155, denunciando, sin citar expresamente a ERC por su nombre, el error de algunos soberanistas de poner por delante del avance hacia la República Catalana el respeto las leyes españolas. Los republicanos no se dieron por enterados de esta recriminación de sus socios (ciertamente habitual) y se refugiaron en la glosa de binomio amnistía-autodeterminación. Este es el eje del discurso político de ERC que pretenden compatibilizar con el de la negociación para diferenciarse de JxCat, que simplemente no cree en la negociación.
Los republicanos obvian siempre detallar cuál es el futuro del diálogo al negarse los socialistas a considerar ninguna de las dos exigencias de salida. Y los socialistas no dejan pasar ocasión de recordar que están en contra tanto de la amnistía como del reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña.
El portavoz del PSC en esta ocasión, Ferran Pedret, no solo negó la posibilidad de ninguna amnistía por no darse las condiciones políticas y constitucionales, sino que reprendió a los grupos independentistas por no haber pedido perdón a la mitad de los catalanes que vivieron con temor los hechos sucedidos en septiembre y octubre de 2017. “Lo que no pueden pedir a la mitad de los catalanes es que olviden aquello”, afirmó Pedret, para rechazar una ley de amnistía, entendiendo por “aquello” el alejamiento de los estándares democráticos europeos que supuso la violación del Estatut y la Constitución para aprobar las leyes del referéndum y de la transición nacional.
La abstención de Catalunya en Comú-Podem se explica por la negativa de los impulsores de la resolución a incorporar en el texto una referencia a las opciones del indulto y de la reforma del delito de sedición en el Código Penal como vías alternativas a la amnistía. Esta abstención era uno de los objetivos perseguidos por los grupos independentistas para alejar a los socios catalanes de Pablo Iglesias del núcleo del soberanismo oficial ante las elecciones catalanas.
Ciudadanos mostró este jueves su perfil más amable, sumándose formalmente a la reclamación de empatía por parte de ERC, pero señalando su portavoz, Ignacio Martin Blanco, que dicha empatía tiene que ser de doble dirección y no solo con los condenados como vino a pedir el republicano Ferran Civit a los diputados “moralmente reprobables”, que en la jerga soberanista son todos los que no comparten su visión de la realidad, especialmente en el ámbito judicial y penitenciario. El presidente del grupo del PP, Alejandro Fernández, no se salió del guion, recreándose en la acusación al independentismo de vivir en el “realismo mágico y populista”.
