El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado que su grupo ha solicitado formalmente al presidente de la Cámara de las Cortes regionales, Pablo Bellido, la elaboración de un informe de fiscalización sobre todo el gasto directo e indirecto destinado a inmigración ilegal en las entidades públicas de la región.

La petición, que se ampara en la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas y en el Reglamento de las Cortes, vuelve a situar a la inmigración en el centro del discurso de Vox. Moreno ha defendido que "los castellanomanchegos tienen derecho a saber cuánto dinero público, procedente de su esfuerzo, de su trabajo y de sus impuestos se está destinando a la inmigración ilegal y cuánto nos cuesta mantener a los inmigrantes ilegales mientras se debilitan los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad".

Con esta afirmación, Vox vuelve a culpar a los inmigrantes de los problemas de la región, pese a que la situación de emergencia social y económica estructural que describe el propio Moreno no se explica por su presencia. Aun así, el dirigente insiste en responsabilizar a un colectivo vulnerable en lugar de plantear medidas concretas que alivien la pobreza o la precariedad laboral que él mismo reconoce.

Moreno ha cargado también contra el Gobierno autonómico asegurando que "ni los gobiernos socialistas ni los populares han sido capaces de revertir esta realidad". Sin embargo, en lugar de ofrecer soluciones claras, ha recurrido a los mensajes habituales de Vox, al afirmar que "mientras nuestros hijos van a clase en barracones, nuestros pacientes son condenados a ligas listas de espera o nuestros policías están desbordados y sin medios humanos ni materiales, el PSOE mantiene políticas que favorecen a los ilegales y relega a los españoles".

En esa misma línea, ha reiterado que "la inmigración ilegal masiva supone un coste enorme para las arcas públicas" y ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "no diferenciar entre quienes han contribuido con su trabajo al sostenimiento de Castilla-La Mancha y quienes han entrado y permanecen de manera ilegal". Una declaración que obvia cualquier matiz y reduce el debate a un enfrentamiento entre "españoles" e "inmigrantes", en la línea del discurso excluyente de la formación de extrema derecha.

La propia ley citada por Vox establece que la Cámara de Cuentas debe fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público y asesorar a las Cortes cuando estas lo requieran. Sin embargo, el grupo ultra utiliza esta norma como altavoz para reforzar su mensaje contra la inmigración, reclamando que se investigue cuánto dinero se gasta en este ámbito.

"Queremos que la Cámara de Cuentas actúe y ponga luz sobre este gasto opaco", ha concluido Moreno, antes de rematar que los organismos públicos "deben estar al servicio de los españoles y no de intereses ideológicos que destruyen nuestra prosperidad". Una conclusión que refleja de nuevo la estrategia de Vox: convertir a la inmigración en un enemigo ficticio mientras evita poner sobre la mesa propuestas reales para mejorar los servicios públicos que dice defender.