El informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) alerta del recorte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en derechos de este colectivo y asegura que evoca hacia uno de los retrocesos más significativos del último año y medio.
Se trata de una de las organizaciones internacional más relevantes. Señala a España como uno de los países pioneros en la protección y el avance de derechos LGTBI. De hecho, asegura que este progreso ha sido evidente tanto a nivel nacional como autonómico, pero hace un alto en el camino en la Comunidad de Madrid. Así las cosas, ILG acentúa que la mayoría del PP en la Asamblea le permitió introducir “cambios preocupantes” en las leyes trans y lgtbi regionales.
En cuanto a puntos concretos tocados por el equipo de Sol, el informe concreta ese retroceso en cuestiones como la eliminación del concepto ‘identidad de género’ de la ley trans o los contenidos relativos a la diversidad, así como el respeto específicamente de las personas en el currículum. También afea que el hecho de que los menores trans deban pasar por un examen psiquiátrico o psicológico no suponga una forma de discriminación. Del mismo modo, el texto recupera la expresión “condición de transexualidad”, lo que, según la asociación, puede servir para “abrir la puerta a hacer depender esta ‘condición’ de una evaluación médica. Igualmente, la reforma mantuvo la prohibición de las terapias de conversión salvo las que tienen que ver con la transexualidad.
En el otro lado del tablero, el análisis ensalza, por ejemplo, la nueva legislación de Euskadi, aprobada a principios de este año y que amplía la protección y los derechos de las personas trans. En detalle, establece, por ejemplo, el derecho de las personas trans a recibir una atención “integral”, la aprobación de planes contra la discriminación en el ámbito público y privado, la formación de la comunidad educativa y el derecho de las personas menores a ser escuchadas y a participar en la toma de decisiones médicas.
Recortes de Ayuso en materia LGTBI
El pasado mes de diciembre, la Cámara regional tramitaba la votación de las reformas de las leyes trans y LGTBI, con las que el Ejecutivo de Ayuso modificaba las normas aprobadas en 2016 y que suponía el primer retroceso en derechos para el colectivo. Se aprobó por la vía de urgencia, para que se aprobase lo antes posible.
En términos concretos, la reforma permitió que se eliminara el concepto identidad de género, que los menores debieran pasar un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. Asimismo, en educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los CV.
En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con el consenso incluido del partido entonces de Cristina Cifuentes, se añadía una nueva condición. Si hasta entonces se especificaba que debía respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”, los ‘populares’ actuales apostillaban que esto fuere así “sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”. De igual manera, si la norma recogía el derecho de las personas trans a las “instalaciones” de centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”, con la reestructuración del PP se reescribía: “Si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas”. Además, dejaba en manos de la dirección del instituto el uso de las instalaciones.
La proposición de ley mantuvo la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans y también tocó aspectos sanitarios de la ley ante la LGTBIfobia, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Uno de los aspectos más preocupantes llegaba en el espacio del acoso escolar. En concreto, el plan contra el acoso de los alumnos LGTBI salía de los currículums en los centros educativas. En lo que respecta a los medios de comunicación públicos de la Comunidad, ya no tendrían que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual.
España no es solo Madrid
España ocupa el cuarto puesto entre los países de Europa más avanzados en derechos LGTBI, según la misma organización. A pesar de ello, el informe evidencia que la discriminación contra el colectivo persiste. Ejemplos de ellos es que el 32% de los países siguen criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo.
