Cinco meses después de constituirse, la Associació de Víctimes DANA 29 d’Octubre de 2024 ha alzado la voz frente al Palau de la Generalitat para exigir algo tan básico como que se les escuche. Y lo han hecho con contundencia: no se reunirán con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que no estén “efectivamente” incluidas en el listado de comparecientes en la comisión de investigación abierta en Les Corts sobre la tragedia.
El colectivo, que representa a los familiares de las 21 personas fallecidas durante la riada que asoló la comarca de l’Horta Sud, se ha personado además como acusación particular en el juzgado de Catarroja, encargado de esclarecer las posibles negligencias en la gestión de la emergencia.
“Hasta entonces no vamos a mover ficha en ningún sentido”, ha sentenciado su presidenta, Mariló Gradolí, en una comparecencia cargada de emoción y rabia. La presidenta ha subrayado que la tragedia podría haberse evitado: “No sonó una alarma que hubiera podido salvar vidas”, ha dicho, señalando directamente a Mazón, a quien acusa de “falta de credibilidad por mentir” y de quien “aún hoy no se sabe dónde estuvo”. Para Gradolí, la situación se resume en dos palabras: “Mazón dimisión”.
La asociación ha denunciado el “menosprecio total” por parte del presidente de la Generalitat en los primeros días tras la catástrofe. Según la portavoz, Mazón “se ha visto obligado a contactar con las víctimas” únicamente tras el eco mediático generado por su recepción en Bruselas por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sin embargo, desde la asociación insisten en que “el reconocimiento no es una reunión”, sino su participación formal en el proceso institucional que investiga lo sucedido. Para Gradolí, estar en la comisión de Les Corts es “solo el primer paso para el objetivo real: la verdad, la justicia y la reparación”.
Exigen medidas concretas
Entre las reivindicaciones del colectivo se encuentran algunas tan elementales como la reparación definitiva de los ascensores todavía dañados en edificios afectados, y la adaptación urgente de las infraestructuras a la nueva realidad climática. También exigen un protocolo de Emergencias revisado y eficaz, así como apoyo psicológico y ayudas económicas a las personas damnificadas.
Otra demanda clave es que todas las comisiones de investigación institucionales cuenten con la voz directa de las víctimas, y que los responsables políticos visiten las zonas afectadas “de la mano de las asociaciones y vecinos”, no con agendas ocultas ni visitas fugaces.
Justicia en los tribunales
La abogada Miriam Salmerón, que representa a la asociación en la causa judicial abierta en el juzgado número 3 de Catarroja, ha dejado claro que la personación como acusación particular no es solo un derecho, sino una “necesidad inexcusable y un deber social”. El objetivo es “contribuir al total esclarecimiento de los hechos, al agotamiento de todas las vías de investigación y a la pertinente reclamación de responsabilidades, que es un clamor social”.
Aunque reconoce que el procedimiento avanza con más agilidad que otras macrocausas, Salmerón advierte de la dificultad del proceso: “Es compleja no solo a nivel jurídico, sino humano, por la dureza extrema de los testimonios de los perjudicados”.
Toñi García, una de las víctimas asociadas, ha ofrecido un testimonio desgarrador. Mientras Mazón visitaba Massanassa sin avisar, ella estaba “haciendo las declaraciones de la renta de su marido y su hija muertos en la riada”. “La ley no es igual para todos”, ha denunciado, al tiempo que ha acusado al presidente de “cobarde” por no dar explicaciones y “esconder su agenda”.
