Siete meses ha tardado el Gobierno de Carlos Mazón en adjudicar un contrato esencial para prevenir inundaciones urbanas en el área metropolitana de Valencia. El proyecto, financiado con fondos del Gobierno de España a través de un PERTE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permanecía empantanado en los despachos del Consell desde noviembre del año pasado. Ahora, a finales de mayo y sin apenas margen de maniobra, la Generalitat ha recurrido a la vía de urgencia para resolver lo que lleva meses ignorando.
El contrato, valorado en casi medio millón de euros, tiene como objetivo implantar un sistema de digitalización y sensorización en dos de las principales estaciones depuradoras del área metropolitana: la EDAR de Pinedo II y la de Quart-Benàger. El fin declarado del proyecto es desarrollar un sistema de alerta temprana ante episodios de lluvias torrenciales, algo que se ha vuelto imprescindible en una Comunitat Valenciana cada vez más expuesta al cambio climático y a fenómenos extremos como la DANA.
Pero, pese a la gravedad del problema, el Ejecutivo del PP valenciano ha dejado pasar más de medio año desde que se licitó el contrato ―el 29 de noviembre de 2024― hasta que lo ha adjudicado finalmente a finales de este mayo. La solución a semejante demora ha sido sencilla: justificarlo todo con “razones de interés público” para poder firmarlo por la vía urgente.
La empresa adjudicataria ha sido Global Omnium Medio Ambiente, que obtuvo la puntuación más alta en el proceso. Una de las empresas aspirantes fue incluso excluida tras presentar una oferta con una baja considerada desproporcionada. La firma del contrato corrió a cargo del secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, dependiente del conseller Vicente Martínez Mus.
Pero lo más llamativo del asunto no es solo el retraso: es el oportunismo político con el que Mazón y los suyos intentan ahora ponerse la medalla de un proyecto que no solo ha financiado mayoritariamente el Gobierno central, sino que fue anunciado el pasado 18 de enero por la entonces consellera Salomé Pradas. La misma Salomé Pradas que actualmente figura como principal investigada en la causa abierta sobre la gestión de la DANA.
La Generalitat asegura que este sistema servirá de apoyo a la toma de decisiones “mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” y con el uso de “sistemas de previsión meteorológica”. Pero lo cierto es que, hasta ahora, la respuesta del Consell ha sido más bien torpe y tardía.
Este nuevo caso evidencia una pauta que se repite en la gestión de Mazón: proyectos importantes que se dilatan sin explicación clara, decisiones improvisadas bajo presión y, eso sí, la voluntad inquebrantable de capitalizar inversiones que no son suyas. Porque el contrato que ahora corre a firmar su gobierno no nace de una iniciativa propia, ni está financiado con recursos de la Generalitat, sino que forma parte del programa estratégico nacional impulsado por el Gobierno central. Sin ese respaldo, Mazón no habría movido un dedo.
Mientras el PP valenciano sigue entretenido en discursos vacíos y en enfrentamientos estériles con el Ejecutivo central, los problemas reales ―como las inundaciones— siguen esperando una respuesta. Y cuando esta llega, lo hace tarde, con prisas y con dinero ajeno.
