En el grueso de la investigación que trata de arrojar claridad a los hechos del 29 de octubre en la provincia de Valencia, pasando por el señalamiento de los responsables de la tragedia, uno de los principales protagonistas en la causa que dirige la magistrada de Instrucción de Catarroja ha sido el envío de las alertas masivas y los motivos que llevaron a enviarla cuando la práctica totalidad de los municipios ya estaban inundados.
Paralelo a ello, las competencias que se asumieron y, especialmente, las que se dejaron de asumir por parte del Ejecutivo de Carlos Mazón también ha sido la piedra angular en torno a la que la juez de la DANA ha estructurado la investigación. Una cuestión que ha ido más allá, sobrepasando el ámbito judicial y protagonizando cada una de las protestas que la sociedad valenciana ha llevado a cabo desde el 29 de octubre como rechazo a la gestión de la DANA por parte del Consell.
El pasado mes de febrero, la magistrada rechazaba la querella del PP contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, recordando al Ejecutivo valenciano que la competencia de actuar y proteger a la población el 29 de octubre era de la Generalitat. Según se reflejaba en el auto, al que tuvo acceso ElPlural.com, “asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal”.
Tras ello, han sido numerosas las ocasiones en las que la justicia ha recolocado el foco de la responsabilidad en el Consell, lejos de lo que han tratado de sostener los populares. Ahora, tres meses después de que la juez inadmitiera esa querella, es la propia Generalitat Valenciana quien reconoce que Mazón es quien ostenta la obligación de “actuar de manera inmediata y eficaz” en situaciones de emergencias como la de la DANA. A través de una resolución publicada este miércoles por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se reconoce que el “impacto” y la “repercusión” en “todos los niveles” de la sociedad “obliga a la Generalitat, a través de sus órganos competentes, a actuar de manera inmediata y eficaz a fin de disponer de los medios precisos que permitan hacer frente a situaciones de grave peligro para las personas”.
Entre otras cosas, la resolución, que ha sido firmada por el subsecretario de la Conselleria de Hacienda, Carlos Pablo Gracia Calandín, autoriza un incremento de crédito presupuestario cifrado en 286.404 euros para Emergencias, departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama, y con el fin de analizar los “elementos y sistemas de alerta en situación de emergencia con el fin de mejorar la prevención y protección de la ciudadanía en situaciones similares”.
Reestructura del departamento de Emergencias
Desde que se inició la investigación, este departamento ha asumido notables cambios partiendo de la figura de Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana y actualmente imputada en la causa por la juez de la DANA. Poco después del día de la DANA, era el propio jefe del Consell quien comunicaba la destitución de Pradas de su cargo al reconocer esta su propio desconocimiento sobre la existencia de las alertas y admitir que no tenía conocimientos adecuados para gestionar la tragedia.
Sobre los avisos, Pradas defendió en un primer momento que no supo de la gravedad de la situación hasta las 20:00 horas del día de la DANA, después de una llamada del Secretario de Estado de Transición Ecológica desde Colombia. Sin embargo, los audios de la reunión del CECOPI de ese día apuntan en una dirección completamente opuesta: "Está pasando en muchos municipios, efectivamente", decía ella misma.
En consecuencia, no supo del mecanismo a las ocho porque, en una conversación a las 19:15 del mismo 29 de octubre, se escucha a un técnico que apunta a que los teléfonos recibirán el mensaje "cuando vuelva la luz, cuando vuelva la cobertura".
Al margen de la polémica que ha supuesto el nombre de Pradas, lo cierto es que el departamento de Emergencias ha seguido asumiendo nuevos cambios. Recientemente, el Consell nombraba al militar que “conquistó” el islote de Perejil en 2002 como alto cargo en la Conselleria. Entre otras cosas, ha creado también el puesto de coordinador de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, con rango de director general. Sobre la plaza, el Consell ha adelantado que será Alberto Martín Moratilla quien la ocupe, quien fue director general de Emergencias del equipo de Pradas en la DANA del 29 de octubre.
