Cádiz es el nuevo escenario de la batalla por poner coto a las casas de juego, una lid que existe en muchos barrios de España. Asociaciones vecinales y Ayuntamientos tratan de frenar un modelo de negocio que no para de crecer, el de las casas de apuestas a escasos metros de centros escolares.
El Ayuntamiento de Cádiz modificó las ordenanzas urbanas para alejar a los centros de apuestas –relacionados con el aumento de adicciones entre los jóvenes– de los centros educativos a un mínimo de 500 metros; sin embargo, se ha topado con la industria del juego, la Junta de Andalucía y la Justicia.
La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en la misma línea que el TSJ de Castilla y León en enero: las competencias en materia de juego son exclusivamente autonómicas. Los Ayuntamientos, aunque sea en representación de los vecinos, no tienen potestad en la materia.
“Es triste, pero no me sorprende, la Junta –de Andalucía– va de la mano de los empresarios de juego”, dice Antonio Peinado, presidente de la asociación vecinal Segunda Aguada, barrio gaditano en el que conviven, en un radio de menos de cien metros, un colegio, un instituto y dos salas de juego.
El barrio de la Segunda Aguada es uno de los más poblados de Andalucía. Desde los cincuenta alberga a una clase media acomodada… “hasta ahora, este barrio ha sido un lugar tranquilo, pero nos tememos que esto llegue a su fin”, explica Peinado.
“Nuestra zona es muy apetitosa” para la industria del juego, “hay muchos vecinos que ahora están en fragilidad económica y que buscan esperanzas en las casas de juego”. La resistencia de la sociedad civil ha frenado, por ahora, la apertura de un tercer salón de apuestas, pero las que están ya abiertas han sido refrendadas por la Junta y el TSJA.
El Ayuntamiento de Cádiz cristalizó en 2020 las demandas vecinales en un acuerdo plenario que restringía estos establecimientos, alejándolos a un mínimo de 500 metros de espacios deportivos, socioculturales o docentes.
En enero en 2021, la Junta interpuso un recurso para frenar la medida. Un recurso similar al que también presentó, de manera simultánea, Gestión de Juegos SL y la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE).
La Junta expuso que las competencias en materia de juego son exclusivamente autonómicas y el TSJA respalda ahora al gobierno autonómico. Aunque los jueces “comparten la preocupación por los perniciosos efectos del juego patológico en general y más en colectivos vulnerables, como los menores” no encuentran un motivo obvio para crear una excepción para Cádiz.
Argumenta el TSJA en su fallo que hay pocas evidencias de que haya un “muy grave problema de salud a causa de la adicción al juego que pudiera justificar la intervención municipal”. Así, la justicia andaluza despeja la posibilidad de una excepción individual y puntual en Cádiz.
Ayuntamientos vs Autonomías
Cádiz fue la primera ciudad que propuso medidas concretas contra la expansión de las casas de juego. Pero no es un farol aislado en esta lucha. En Andalucía, capitales como Córdoba (gobernada por el PP), o Sevilla, han emprendido caminos similares, topándose con la misma incertidumbre administrativa al no tener las competencias.
La capital andaluza, por ejemplo, tiró de una moratoria temporal para frenar el aterrizaje de nuevos salones de juego. Eso sí, sin posibilidad de afectar a los ya existentes, aunque está en la puerta de un colegio.
“Eso es lo que más nos preocupa, sabemos que hay controles para que los menores no entren en la sala, pero también sabemos que hay chavales de 18 que recaudan el dinero de otros chavales y lo juegan por ellos”, nos explica Peinado.
Un problema que no deja nada al azar
La adicción al juego es un problema emergente, más allá de la lectura que haga el TSJ de Andalucía de las estadísticas. La delegación de Cádiz de Proyecto Hombre fue la primera en España en tratar una adicción relacionada al uso del móvil en 2002. La pauta del juego es la misma que existe con otras sustancias como el cannabis o la heroína: se prueba, se normaliza el consumo, se abusa y llega la adicción.
“Ahora los datos no son alarmantes porque solo estamos viendo la punta del iceberg, las adicciones tardan 8 ó 10 años en mostrar su verdadera magnitud", explica el director de Proyecto Hombre en Cádiz, Luis Bononato, con más de 20 años a sus espaldas trabajando con adicciones.
La normalización de las casas de apuestas, la banalización de los factores de riesgo a través de la esponsorización del juego en los ídolos futbolísticos de los jóvenes, por ejemplo, hacen prever que las adicciones sean un problema inevitable progresivamente.
La Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2022) del Ministerio de Sanidad revela la normalización generalizada del riesgo de apostar con dinero semanalmente.
En Andalucía, las adicciones cuentan con una amplia cadena de transmisión que abarca desde el móvil que los jóvenes tienen a mano, a las salas de juego y a la propia hostelería, con las máquinas tragaperras tan habituales en bares y cafeterías.
Desde antes de 2020 y durante la pandemia –espoleada por el mayor uso del móvil– la industria del juego ha venido creciendo según la Dirección General de Ordenación del Juego. La cantidad jugada superó en 2021 los 13 mil millones de euros. Otro indicio de este crecimiento lo encontramos en el índice de autoprohibidos, los jugadores que voluntariamente se registran para que se les prohíba jugar: 7.640 nuevos registros solo en 2021.
Por otro lado, la dinámica va más allá de las casas de apuestas. Un reciente estudio de la Universidad de Sevilla relacionó los beneficios de las casas de juego con las máquinas tragaperras (electronic gambling machine, EGM). España es un paraíso para las EGM, hay 216 vecinos por cada maquinita de juego, siendo nuestro país el quinto mercado global. El estudio advierte de que las EGM forman parte de la correa de transmisión de la ludopatía.
“No entiendo cómo podemos seguir ignorando el problema, estamos poniéndole la droga al alcance de la mano a los chavales”, se desahoga Antonio Peinado, que deberá seguir esperando alguna regulación por parte de las comunidades autónomas.
