Los conservadores están que trinan con eso de que en el Parlamento andaluz vaya a existir una incompatibilidad a la hora de ser diputado autonómico y alcalde. Están que trinan y echan mano de argumentos que acaban recordándonos que para jugar a cierto nivel hay que estar a la altura y en el PP parecen no estarlo. En Galicia hace tiempo que esta norma que quiere aprobarse ahora en Andalucía ya funciona y la promovió precisamente Fraga. La portavoz del PP en Andalucía, Rosario Soto, justifica la incoherencia del PP andaluz (critican que haya en Andalucía lo que su partido aprobó para Galicia) con estas palabras, que recoge el diario Público: "En Galicia, se aprobó al principio de la legislatura y con el consenso de todos los grupos. En Andalucía, se cambian las reglas de juego al final de partido”. Su compañero Jorge Ramos, secretario general del Grupo Parlamentario del PP, pone la guinda a tal pastel: "El PSOE ha roto la regla de oro, las grandes reformas se aprueban por consenso. Se ha echado al monte. Se ha convertido en el maquis. Van de guerrilleros de la política”, como si los maquis hubieran representado algo ilegítimo, ilegal e indigno. ¡Fueron defensores de la democracia contra un régimen fascista y asesino que el PP no condena!
No contaban ni Soto ni Ramos, volviendo al tema de los cargos en el Parlamento, con que alguien comprobaría aquello de Galicia. La realidad resultó ser otra muy distinta de la que pinta el PP, lo que convierte a Soto y a Ramos en mentirosos o en desinformados, lo cual también es grave, por los cargos de responsabilidad que ostentan. Lean la información de Público al respecto: "La ley gallega, no obstante, se aprobó en el tramo final de la legislatura y no fue fruto de un consenso. La ley 15/92, de 30 de diciembre de 1992, sobre las elecciones al Parlamento de Galicia, considera “inelegibles” como diputados autonómicos, entre otros, a los alcaldes. El entonces presidente de la Xunta, el fundador del PP, Manuel Fraga, hoy senador, promovió esta modificación a la normativa vigente en aquel tiempo, aprobada en 1985. Las elecciones autonómicas se celebraron el 17 de octubre de 1993, menos de diez meses después. Los conservadores hicieron valer entonces su mayoría absoluta en la Cámara gallega para imponerse a PSdeG-PSOE, BNG y al Grupo Mixto (integrado por Esquerda Galega y Coalición Galega), que no apoyaron la modificación. Lejos de buscar el consenso, el PP pretendía con ello diluir el tirón que en la época tenían regidores socialistas, como el exmandatario de A Coruña Francisco Vázquez".
Me preocupa la mentira como método político, hecho que pervierte esta útil e imprescindible herramienta. Me preocupa, también, por un lado, que haya tanta preocupación en el PP por preservar los privilegios de 17 de sus alcaldes, que también son parlamentarios, la mayoría cobrando de sus ayuntamientos y del Parlamento andaluz. En mi opinión, los parlamentarios deberían tener dedicación exclusiva al cargo público, sin perjuicio de ostentar un cargo orgánico dentro sus propios partidos, lo que sería problema ya de sus militantes de cara al funcionamiento interno de sus formaciones, no de la ciudadanía en general.
Un alcalde o concejal, que se pone el sueldo (limitado ahora por la FAMP y la FEMP), puede en la actualidad trincar también del Parlamento andaluz, pero también lo puede hacer del Senado y del Congreso y de una Diputación. Por ello, la propuesta del PSOE debería tener un carácter más amplio. Hay una cierta incoherencia en decir que existe incompatibilidad en un alcalde de cara a un parlamento, de cara a cobrar y ejercer sus funciones, y no hacerlo extensible al resto de cámaras, como el Senado y el Congreso. Evidentemente, esto no valdría para las Diputaciones, porque para ser diputado hay que ser concejal, pero sí debería obligarse a tal representante público a elegir entre el sueldo de concejal y el sueldo de diputado.
La política actual debe tomarse muy en serio el poner orden a tales extralimitaciones. Los políticos (de cargo y partido) están alejando la política de los ciudadanos. La responsabilidad están en los que mienten insultando la inteligencia del pueblo, como el caso expuesto líneas más arriba de Soto y Ramos; pero también en los elevados sueldos de alcaldes que cobran como un diputado y encima también como diputados en muchos casos, en los elevados sueldos de los diputados que no se justifica por mucho que lo expliquen, en los sueldos vitalicios, en los pluses y los dobles y triples sueldos de quienes dicen estar al servicio de los ciudadanos. No se puede llamar democracia plena a un sistema en el que el pueblo cobra 15.500 euros de media al año, según el INE, y sus representantes en las instituciones públicas cobren de 50.000 a 100.000 euros (y más).
La honradez política y la salud democrática requiere lejía: hay que limpiar el sistema de privilegios. Los políticos deberían cobrar lo mismo que cobramos los trabajadores de este país y vivir en el mismo tipo de vivienda en las que vivimos la mayor parte de los españoles. ¿Cómo puede entender adecuadamente los problemas ciudadanos gente que no viven como el resto de los ciudadanos? Hemos creado una clase social que, paradójicamente, nosotros elegimos. El problema no está ni en la democracia (como aprovechan ciertos neofascistas para vociferar) ni en los partidos ni en la política per se; el problema está en que no se ha puesto un límite a la hora de pagar por los servicios prestados cada mes a los representantes públicos y el dinero, como es sabido, pervierte, además de colocar a esta nueva clase social muy lejos del resto de los ciudadanos. Un político debería cobrar no más de la media española si tal político está en desempleo y, en el caso de que tuviese un empleo, sea cual sea, cobrar el salario base de tal ocupación (es decir, ni más ni menos de lo que cobraría no estando en política), así como no poder cobrar más de un sueldo público ni uno público si ya cobra uno privado. Discutible y exagerada esta opinión mía, sí; ¡pero mucho más cercana a la honradez y menos exagerada que la realidad de la mayor parte de los cargos públicos!
La incompatibilidad de cargos, pues, es el camino a seguir. Pero los ciudadanos pedimos más y con mayor rapidez. La nueva clase social, que es la política, debe abandonar los privilegios y las incompatibilidades. En otras épocas, al menos, las clases privilegiadas no las elegía el pueblo y en ello no iba su dignidad.
* Ígor R. Iglesias es periodista, humanista y lingüista
