“Los socialistas no nos oponemos a que se revise el Plan de la Corona Norte, pero sí a que se utilice este tema con fines electorales, buscando la confrontación y no la solución; si Moreno Bonilla y el PP quieren solucionar de verdad el problema de los agricultores de Huelva, deben sentarse inmediatamente con todas las partes, y en concreto con los alcaldes, el Gobierno de España y los sectores afectados”.
Así explicitaba ayer la portavoz socialista Ángeles Férriz la posición de su partido ante la Proposición de Ley impulsada por PP, Cs y Vox para amnistiar las 1.461 hectáreas de regadío que quedaron excluidas del Plan de la Corona Norte, aprobado en 2014 por el Ejecutivo de Susana Díaz tras laboriosas negociaciones que se prolongaron durante más de seis años.
Dedicados fundamentalmente al cultivo de frutos rojos como la fresa, los regadíos que el Gobierno andaluz se propone legalizar se alimentan con la extracción de agua mediante cientos de pozos ilegales del acuífero del que depende la supervivencia de Doñana.
España ya tiene una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente por su falta de celo para combatir la proliferación de pozos ilegales que amenazan al que quizá sea el humedal más emblemático del continente. También la Unesco, ante la que los ecologistas han denunciado los planes de la Junta, tiene a España en su punto de mira por la misma razón.
Mientras que Unidas Podemos por Andalucía, Adelante Andalucía y grupos ecologistas como WWF se han posicionado enérgicamente contra las pretensiones de la derecha, el PSOE ha optado por ponerse de perfil. La tibieza de su posición estaría vinculada al hecho de que las localidades afectadas son un granero electoral del partido: en Moguer, Bonares y Rociana del Condado gobierna el PSOE con mayoría absoluta, mientras que Lucena del Puerto y Almonte están en manos de siglas locales cuyos dirigentes provienen del mismo partido.
Tras advertir de que se trata de “un tema complejo y delicado que necesita seriedad y respeto", Ángeles Férriz se limitó ayer a hacer un llamamiento al presidente de la Junta para que “se siente inmediatamente con todas las partes implicadas y solucionar de verdad el problema de los agricultores de Huelva pero preservando un entorno único como es Doñana”.
La portavoz socialista recalcó que, de entrada, su grupo no se va a oponer a “analizar” la propuesta legislativa, aunque reclamará “informes serios y garantías jurídicas”.
”No se trata –añadía– de enfrentar a unas administraciones con otras, a unos sectores con otros, sino de buscar la mejor solución para todas las partes, para que en esta tierra pueda seguir conviviendo el respeto al entorno y al desarrollo económico de un sector tan importante para Andalucía como es la agricultura”, informa Europa Press.
