Los regadíos ilegales, el urbanismo irregular y el turismo insostenible, por poner solo tres ejemplos de actividad económica altamente rentable, tienen esto en común: que una vez que han adquirido un determinado volumen resulta imposible reparar los destrozos que han ocasionado sin provocar otros de similar o aun mayor envergadura. Ocurrió en la Marbella de Jesús Gil con el urbanismo, ha ocurrido en la Barcelona post Olimpiadas con el turismo y está ocurriendo en la reserva de Doñana con la proliferación de regadíos ilegales.

El Gobierno andaluz cree, sin embargo, haber encontrado una solución limpia y fácil a los excesos agrícolas cometidos durante décadas en la comarca onubense. PP, Cs y Vox lo llaman “hacer justicia a los agricultores” del entorno del Parque Nacional de Doñana. La organización ecologista internacional WWF lo consideran, en cambio, “una injusticia social al favorecer a los agricultores que llevan décadas saltándose la ley frente a los agricultores que trabajan por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

Ambas partes hablan de la Proposición de Ley, presentada ayer en el Parlamento andaluz, para “la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Doñana”, cuya consecuencia inmediata será la amnistía de los agricultores menos respetuosos con la ley de los municipios onubenses de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado, que desde hace años vienen extrayendo ilegalmente agua del sobreexplotado acuífero del que se nutre Doñana.

El proyecto legislativo tiene asegurado el respaldo de las tres formaciones conservadoras del Parlamento andaluz: PP, Cs y Vox. El encargado de registrar este martes la Proposición de Ley en la Cámara fue el parlamentario y presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, cuya organización provincial tiene acreditada una larga trayectoria en defensa de los pozos ilegales.

En el verano de 2019, el vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, aparecía como protagonista de un vídeo donde se le veía jaleando a agricultores de la comarca movilizados para detener el cierre de pozos ilegales, avalado por la justicia.

Creyendo que en ese momento no había “ningún móvil grabando”, Fernández arengaba a los agricultores para manifestarse en contra del Gobierno de España: “No hay una cosa que le joda más a un político –decía– que [los ciudadanos] estén en la calle, que le peguen cuatro gritos (…) así que ahí es donde tenéis que seguir peleando, partiéndoos la cara, lo estáis haciendo de puta madre y eso no os lo quita nadie”.

Para la ONG ecologista WWF, desde el PP estaban “incitando a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado que van a cerrar un pozo; están pidiendo que se incumpla la ley”.

Unos meses antes, el Gobierno central de Pedro Sánchez, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH), había decretado oficialmente como sobreexplotado dicho acuífero. Era la primera vez que el Gobierno de España adoptaba una medida tan drástica para poner freno a años de captación ilegal de agua.

De hecho, hasta entonces ni la CGH ni los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía se habían mostrado particularmente celosos en la vigilancia y persecución del uso ilegal de unas aguas que, si bien podían poner en riesgo la supervivencia de una de las joyas medioambientales de Europa, propiciaban una gran generación de riqueza y empleo con el cultivo de frutos rojos.

Para el PP de Huelva, el último Gobierno socialista de la Junta de Andalucía quiso paliar el problema con el denominado Plan de la Corona Norte, que según los populares dejaba “en situación de desamparo jurídico a cientos de familias y no se atenía a la realidad agrícola histórica de la zona”, es decir, dejaba fuera de la ley numerosos cultivos que habían proliferado gracias a los pozos ilegales.

Por boca de su parlamentario Manuel Andrés González, el Gobierno andaluz de PP y Cs asegura que con su iniciativa “no se pretende una amnistía, sino devolver a los agricultores el derecho que tuvieron durante décadas y que vieron suprimido con el Plan aprobado por el PSOE". La proposición conservadora empezará a tramitarse cuando se reanude el periodo de sesiones, pero es muy improbable que llegue a aprobarse en los meses que restan de legislatura.

Desde Unidas Podemos por Andalucía y Adelante se han mostrado muy beligerantes con la iniciativa del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno. El PSOE, en cambio, se ha puesto más bien de perfil: no en vano, como recordaba con malicia el presidente del PP onubense “alcaldes socialistas de los municipios afectados” no ven con malos ojos la amnistía de los regantes ilegales.

Para la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, es urgente que "administraciones y partidos políticos de la oposición defiendan Doñana con uñas y dientes la barrabasada" que pretende el Gobierno andaluz. "Es una burla a los organismos internacionales y un crimen ambiental sin precedentes", ha sentenciado hoy Rodríguez en rueda de prensa.

Para el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, la proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz por PP, Cs y Vox es "un atentado medioambiental contra Doñana, puesto que pretende legalizar el 85 por ciento de los pozos ilegales, cuando el parque está en serio riesgo de desertificazión".

Recordó Valero que "esta reserva de la biosfera está en riesgo de muerte" porque "se están desecando sus acuíferos y ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que se tenían que cerrar los pozos ilegales y, sin embargo, el Gobierno andaluz y sus socios hacen todo lo contrario".

Pero quien ya pasado de las palabras a los hechos ha sido la organización ecologista internacional WWF, que ha solicitado formalmente a la Unesco su intervención urgente “para garantizar la conservación de Doñana y evitar que se incluya en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro”.

Para WWF, la Proposición de Ley “busca amnistiar 1.460 hectáreas de regadío irregulares en Doñana”.  Recuerda, además, que “el verano pasado la Unesco emitió 15 recomendaciones ante el mal estado de Doñana, y que la Junta de Andalucía y el Estado español se comprometieron  a cumplirlas. De hecho, en el último informe remitido por España ante este organismo en diciembre de 2020, reconocía que una de las actuaciones más decisivas para corregir los problemas del acuífero de Doñana era la propia implementación del Plan Especial de la Corona Forestal”. 

La modificación propuesta por el Partido Popular, denuncia WWF, “vulnera las recomendaciones de la Unesco y los compromisos adquiridos, por lo que supondrá un grave descrédito internacional para la Junta de Andalucía y para nuestro país”.