La universidad pública andaluza, como ya ocurre con la sanidad, empieza a notar el peso de una política que prioriza lo privado. Así lo denuncian las nueve universidades públicas de la comunidad, que han emitido un duro comunicado contra la Junta de Andalucía. Acusan al Ejecutivo de Moreno Bonilla de estar socavando el modelo público mediante decisiones que benefician de forma evidente a las universidades privadas, en detrimento del acceso equitativo a la educación superior.
El detonante ha sido la inminente autorización de hasta 34 nuevos títulos universitarios para tres centros privados: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, la CEU Fernando III y la Loyola Andalucía. Una operación sin precedentes en la comunidad, que para las universidades públicas es solo la punta del iceberg de una estrategia que “asfixia” a sus instituciones mientras allana el camino a las privadas.
En palabras del comunicado, “esta situación, lejos de ser inocua para el sistema universitario público andaluz, se retroalimenta de forma negativa con la creciente asfixia a la que se está sometiendo a nuestras instituciones por diferentes vías”. Las universidades denuncian un trato desigual en la planificación de las nuevas titulaciones recogidas en el mapa de titulaciones 2025-2029. Ponen como ejemplo la inadmisión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, solicitado por la Universidad de Córdoba, que fue rechazado por "baja empleabilidad específica", mientras que ese mismo grado fue concedido a la universidad privada CEU Fernando III.
La situación se agrava con otros casos como el del Grado en Ingeniería Biomédica, que ha sido denegado a las universidades de Granada y Jaén, a pesar de contar con una dilatada trayectoria en el ámbito de la salud, pero que sí ha sido aprobado para la Universidad Loyola Andalucía, un centro privado sin especialización destacada en este campo. “Es paradigmático que los primeros egresados andaluces en esta disciplina, con una altísima demanda, lo vayan a ser por una universidad privada sin apenas recorrido en Ciencias de la Salud”, lamentan.
También fue rechazado un programa de doctorado en Arquitectura coordinado por la Universidad de Sevilla, en el que participaban además la Universidad de Granada y la de Málaga. Para las universidades, decisiones como esta muestran un patrón claro: se obstaculiza la oferta académica pública mientras se promueve la expansión de la privada, lo que convierte a la educación superior en un negocio más que en un derecho.
Un sistema sin dirección ni rumbo
A esta dinámica se suma la falta de transparencia en los procesos de verificación. Mientras que las universidades públicas han tenido que hacer públicos los datos sobre sus títulos, tasas de éxito y resoluciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), aún se desconoce el estado de las solicitudes de las privadas. “Esa ocultación deliberada de información, tan relevante para la sociedad, no parece justificada”, denuncian los rectores.
En paralelo, el deficiente funcionamiento de ACCUA —sin dirección efectiva desde hace meses— ha provocado graves disfunciones administrativas. Como consecuencia directa de la falta de verificación de algunos títulos, hasta 800 estudiantes se han llegado a preinscribir en el Grado de Ingeniería Biomédica en Jaén, solo para descubrir que el título finalmente no será impartido. Esta situación, insisten, es “sin precedentes” y pone en cuestión la fiabilidad del proceso de admisión en las universidades públicas andaluzas.
Las universidades también critican el deterioro del Distrito Único Andaluz, el sistema centralizado de acceso universitario, que consideran incapaz de dar respuesta a las necesidades del alumnado y de las propias instituciones. En este contexto, exigen a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación un cambio de rumbo: “Hacemos un llamamiento a trabajar de la mano de nuestras instituciones para resolver cuanto antes los graves problemas de funcionamiento que acarrean tanto ACCUA como el Distrito Único Andaluz”.
Más allá de los aspectos técnicos, las universidades alertan del riesgo estructural que supone este modelo. “Cada paso en la dirección actual nos acerca sin dilación hacia un modelo de sociedad donde el sistema universitario, lejos de ser la mejor garantía de la igualdad efectiva de oportunidades, sirva más bien para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales”, advierten.
Privatización en serie: de las consultas a las aulas
Este conflicto universitario no se produce en el vacío. Llega en un momento en que la sanidad pública andaluza también sufre denuncias de privatización encubierta, listas de espera disparadas y derivaciones masivas a clínicas privadas. La estrategia, según denuncian sindicatos y organizaciones sociales, responde a un patrón común: desmantelar lo público, saturarlo y abrir paso al negocio privado.
El Gobierno andaluz, por su parte, niega estas acusaciones. El consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido en sede parlamentaria que el 93% de las titulaciones ofertadas en Andalucía son públicas y que el presupuesto destinado a las universidades ha alcanzado cifras “históricas”. Sin embargo, las universidades responden que el dato global oculta una infrafinanciación estructural, con campus que arrastran déficits preocupantes, como ocurre en la Universidad de Sevilla o la de Málaga.
