Se recrudece la batalla política entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía a propósito de la crisis de Abengoa mientras los trabajadores multiplican sus acciones de protesta clamando por una solución que evite la liquidación de la compañía que fue bandera del despegue tecnológico andaluz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy en el Congreso que la multinacional sevillana podría estar reflotada si, en el último trimetre de 2020, la Junta de Andalucía le hubiese concedido los 20 millones que complementaban el plan rescate pactado con sus acreedores.

Le ha replicado el consejero de Presidencia Elías Bendodo, que ha pedido este miércoles explicaciones al Ejecutivo ante la negativa de la ayuda de 249 millones de euros "aun teniendo dos informes que sí lo avalaban".

Versiones contrapuestas

Según ha explicado Montero, el Fondo de la SEPI de apoyo a la solvencia a las empresas estratégicas ha otorgado las ayudas económicas a las empresas que lo han solicitado y que han cumplido con los criterios marcados por el acuerdo del Consejo de Ministros.

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, ha recordado que hasta el momento se han llevado a cabo un total de 30 operaciones por un importe total de de 3.255 millones de euros. Así, seis de cada diez euros que se han solicitado por parte de las empresas han sido otorgados, según explicó Montero.

La ministra andaluza ha acusado directamente a los populares de "no arrimar nunca el hombro" en una situación complicada y acusó al Partido Popular de ser el ejemplo más claro en este país de "inutilidad y anticualla".

Poco después llegaba la réplica del Gobierno andaluz. Su portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dijo que María Jesús Montero "miente y no es la primera vez". El también coordinador general del PP, acusado él a su vez en numerosas ocasiones de mentir, se ha preguntado: "¿Va a depender el rescate de Abengoa de los 20 millones de la Junta y no de los 249 millones que iba a poner la SEPI, perteneciente al Estado?",

Bendodo ha insistido en pedir explicaciones al Gobierno central y en "no desviar la atención" sobre Andalucía que "no tiene las herramientas". Según él, la Junta ha hecho "todo lo que estaba en su mano" por ayudar a la compañía, pero sabiendo, como le explicaron sus servicios jurídicos, que "no tiene la herramienta" para otorgar ayudas directas a empresas.

El portavoz del Gobierno andaluz ha dicho que la SEPI contrató a dos consultoras para asesorar sobre si concedía la ayuda que Abengoa solicitaba y "las dos dijeron que avalaban el rescate de la compañía", pero "el Gobierno no ha querido darla y tendrá que explicar por qué; creo que no ha querido dar la ayuda a Abengoa por otras razones, que lo explique, estamos ansiosos por escuchar las explicaciones".

En este sentido, ha reprochado que el Ejecutivo nacional tenga "una doble vara de medir" a la hora de conceder ayudas a empresas, ya que sí las ha otorgado a otras empresas que representan 18.000 empleos y no a Abengoa, que cuenta con 11.000 empleos, informa Europa Press.

Los informes de la SEPI

Bendodo aludía en su argumentación a sendos informes de las firmas especializadas PKF ATTEST y de Grant Thornton LP, que prestan apoyo externo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ambos informes fueron remitidos a la SEPI el pasado 21 de junio, fecha a partir de la cual Abengoa tenía hasta el domingo 26 para presentar sus alegaciones, que finalmente han sido desestimadas. El hecmo mismo de que Abengoa tuviera que presentar dichas alegaciones para rebatir los informes indicaría que estos no eran tan favorables a la compañía como sugirió Bendodo.

El segundo de ellos en concreeto, según informa Europa Press, concluye que Abengoa "reúne los requisitos, criterios o condiciones para poder ser beneficiara" de los 249 millones de euros solicitados al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, "con matizaciones", incluyendo la validación del plan de viabilidad y del plan financiero de reembolso.

Por su parte, el informe de la empresa PKF ATTEST concluye también que Abengoa reúne los requisitos, criterios o condiciones de elegibilidad para poder ser beneficiario del fondo de la SEPI. Si bien, añade que "puede tener un impacto significativo" el procedimiento judicial, las reclamaciones, expedientes administrativos u otras contingencias, que "podrían afectar a la estabilidad económica o al apoyo financiero público temporal solicitado".

El aval que no llegó

El aval que nunca llegó y Montero reprochaba hoy a la Junta se enmarcaba en el penúltimo intento de salvar Abengoa, que tenía lugar en la segunda mitad de 2020. Entonces, la compañía cerró con sus acreedores un plan de rescate cuya aprobación final por estos pendía únicamente de la participación de la Junta de Andalucía.

En concreto, la operación de refinanciación se firmó condicionada a que se materializase el apoyo de 20 millones de euros comprometido por el Ejecutivo andaluz, así como a otros requisitos previos.

La decepción de Abengoa llegaba a finales de septiembre. Las palabras del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, fueron un jarro de agua fría para sus trabajadores: "La participación de la Junta –dijo el portavoz– no es decisiva, no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima sobre el montante total de la operación; además, como sabe Abengoa, la Junta no tiene mecanismo legal de financiación a grandes empresas".

La renuencia de Bendodo contrastaba con la buena disposición mostrada solo unas semanas antes por el consejero de Economía, Rogelio Velasco, quien puso como única condición para la ayuda de la Junta que hubiera "una seguridad documental de que en la parte de negociación que Abengoa está llevando a cabo con los bancos y el ICO haya certeza de que el respaldo se va a ofrecer, y en ese momento sería cuando contemplaríamos las herramientas y qué opciones son las que están disponibles para prestar ayuda".

Protesta ante San Telmo

Mientras, los trabajadores de la multinacional andaluza Abengoa, que están concentrados ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, se han movilizado este miécoles hasta el Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta-- para "pedirle" al Gobierno regional que se comprometa, junto al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y el Gobierno de España, a sentarse y buscar una solución para la compañía.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, ha señalado que "esta va a ser nuestra hoja de ruta, hacer que todos se sienten en una mesa y busquen soluciones y un compromiso".

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Abenewco 1, Noelia Sánchez, ha apuntado que serán unos 300 los trabajadores a las puertas de San Telmo esperando a que "alguien de la Junta --reunida este miércoles en Consejo de Gobierno en San Telmo-- salga y les atienda".

Las razones de la SEPI

Esta situación llega después de que este pasado martes el consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordara denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa, con la que la compañía buscaba un plan para garantizar su viabilidad futura y evitar un nuevo concurso de acreedores, "al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado".

La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público. Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.