He aquí una circunstancia que desacredita a la política: cuando están en la oposición, los partidos culpan sistemáticamente al Gobierno de turno de lo mismo que salvan al propio cuando son ellos quienes lo ostentan.

El descrédito tiende a acentuarse cuando el partido gobierna en España pero no en Andalucía o al revés: entonces, sus dirigentes afinan más y culpan únicamente al Gobierno contrario pero nunca al propio, tenga o no tenga este responsabilidades en aquello de lo que culpan al Ejecutivo ajeno.

La crisis de Abengoa es un caso paradigmático de esa actitud de doblez de los partidos en general, pero muy en particular del PP y el PSOE, que son los únicos que han presidido gobiernos en España y en Andalucía.

Partidos y partidos, sindicatos y sindicatos

Aun así, hay sin embargo una diferencia de no poca importancia entre socialistas y populares cuando han estado al frente de la Junta de Andalucía: mientras los primeros solían dar la cara y librar cuantiosas partidas presupuestarias para evitar el cierre de industrias, el Partido Popular ha puesto de perfil a la Administración autonómica cuando le han estallado crisis similares.

El ventajismo que ambos partidos comparten tiene, además, otro matiz diferenciador: mientras el PP andaluz solo pide cuentas y exige medidas al Gobierno de España para impedir la liquidación definitiva de lo que queda de Abengoa, el PSOE que lidera Juan Espadas considera al menos que el esfuerzo deben hacerlo las dos administraciones y no únicamente la autonómica.

En detrimento de la desesperada reclamación de ayuda por parte de los trabajadores de Abengoa opera su casi nula tradición sindical y reivindicativa. La plantilla de la multinacional tecnológica –2.000 de sus más de 14.000 empleados son sevillanos, recordó ayer el alcalde de la capital– no es la plantilla de Santana o Astilleros, donde los sindicatos de clase UGT y CCOO lideraron enérgicas movilizaciones de gran impacto social que a su vez obligaron a los gobiernos de turno a mover ficha. En Abengoa nunca hubo sindicatos de verdad y ese hecho lastra el diseño, la convicción y el impacto de las protestas.

Chaves y Moreno

El modo en que el Gobierno andaluz ha sabido quitarse hábilmente de en medio para no quemarse con la patata caliente de Abengoa contrasta con el compromiso ante crisis industriales de envergadura desmostrado por los distintos gobiernos socialistas, pero muy singularmente por los presididos por Manuel Chaves, que en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI desplegó una intensa actividad política y presupuestaria para evitar, primero, el cierre de grandes compañías como Cárnicas Molina en Jaén, Santana en Linares o Delphi en Cádiz y, después, proteger con fuertes desembolsos presupuestarios a los miles de trabajadores sin posibilidad de reincorporarse al mercado laboral tras el cierre de las factorías que les habían dado empleo durante décadas.

Con la llegada a la Junta del primer Gobierno de signo conservador, las políticas intervencionistas del pasado quedaron arrumbadas, en parte porque los nuevos gobernantes habían escarmentado en cabeza ajena y no querían ser señalados como culpables de crisis que nunca podrían atajar; y en parte por el convencimiento –o el prejuicio ideológico– propio del neoliberalismo de que –en teoría, muy en teoría– el Estado no debe acudir al rescate de quien ha fracasado en el campo de batalla del mercado.

Un giro de 180 grados

Que las estrategias de reindustrialización por parte de la Junta socialista en comarcas como Linares fracasaran finalmente no resta mérito a los gobiernos autonómicos que hicieron todo cuanto estaba en su mano –incentivos fiscales y otras generosas ayudas para atraer empresas, entre otras medidas– para taponar la sangría socioeconómica provocada por las heridas de Delphi o Santana. El giro del Gobierno de Juan Manuel Moreno en este sentido fue de 180 grados: su prioridad ha sido atraer inversiones por la vía de las rebajas fiscales y la supresión de controles administrativos y medioambientales.

Si al fracaso de la reindustrialización –común a intentos similares en comarcas deprimidas de Asturias o de León– se sumaba la criminalización judicial de las ayudas sociolaborales a raíz del caso ERE, quedaba perimetrada la tormenta perfecta para que, como dijo en su día el vicepresidente Juan Marín, "ni Abengoa ni ninguna empresa" recibiera "ni un euro de la Junta si no contamos con los informes jurídicos y de la Intervención General". 

Y la SEPI dijo no

El último episodio de la crisis de Abengoa tenía lugar esta semana, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le negaba el rescate de 249 millones de euros que habría posibilitado la entrada en su capital del fondo estadounidense Terramar, comprometido a aportar 200 millones de euros a cambio del 70% capital, pero siempre que previamente hubiera una inyección de dinero público. Los técnicos de la SEPI consideran que sería tirar el dinero “al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado”.

El Ministerio de Hacienda, de quien depende la SEPI, ha explicado que el fondo de apoyo a la solvencia a las empresas estratégicas ha otorgado 3.255 millones de euros en ayudas a las empresas que lo han solicitado y que, al contrario que Abengoa, sí cumplían con los criterios marcados por el acuerdo del Consejo de Ministros.

En el transcurso de la crisis de la multinacional sevillana, que estalló antes de que Juan Manuel Moreno llegara al poder, San Telmo ha tenido la habilidad política de mantenerse al margen, a lo que por otra parte ha ayudado no poco el abrumador desequilibrio mediático en favor del Gobierno conservador. Ni los trabajadores de Abengoa han llegado a ser nunca un quebradero político para el Gobierno de PP y Cs, ni los medios de comunicación andaluces han focalizado su presión sobre la Junta.

El aval de 20 M€ que nunca llegó

Por lo demás, el tancredismo del Gobierno andaluz en relación a Abengoa no es nuevo. Ya en el último trimestre de 2020 la multinacional intentó sin éxito que la Junta respaldara con el aval de 20 millones de euros que necesitaba para completar el plan de rescate que garantizaba la liquidez para poder seguir adelante.

Precisamente hoy mismo la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido en el Congreso de los Diputados que la multinacional andaluza podría estar reflotada si la Junta de Andalucía le hubiese concedido los 20 millones del rescate solicitados que le fueron denegados y ha acusado al PP de "no arrimar nunca el hombro".

El Gobierno de PP y Cs se pasó meses diciendo que no había cesado de buscar, en palabras del consejero de Hacienda Juan Bravo, “un instrumento jurídico para, dentro de nuestras posibilidades, atender al compromiso con Abengoa y al resto de empresas”. Bravo esgrimió otro argumento para rechazar la petición de Abengoa: en el ejercicio 2018, la Cámara de Cuentas certificó 120 millones de euros en avales de la Junta a empresas ejecutados y fallidos. Como se sabe, directivos de la empresa pública de capital resigo Invercaria han acabado en el banquillo, entre otros motivos, por otorgar préstamos que finalmente las empresas no pudieron devolver.