“Mediante la presente carta le agradezco su buena disposición para facilitar al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina. El equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, está a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan a bien formular, en el objetivo compartido de cumplir y hacer cumplir la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”.

Con lenguaje diplomático pero firme, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha enviado esta misma mañana una carta al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena para que proceda al cumplimiento de la Ley de Memoria, cuyo artículo 38.3 no debería, en realidad, necesitar carta oficial alguna para ser cumplido cabalmente: “Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.

Adicionalmente, el artículo 35.5 de la ley prescribe que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Si la actitud remolona de la hermandad, que lleva años resistiéndose a retirar los de la basílica los restos del espadón africanista, ha colmado la paciencia del secretario de Estado, este no lo deja ver en su misiva. Antes lo contrario: “La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena -recalca el texto oficial- desempeña un indudable papel referencial, tanto en la ciudad de Sevilla como en el resto del territorio nacional. En su condición de hermano mayor, las declaraciones públicas recogidas por los medios de comunicación son expresión inequívoca tanto de respeto hacia las disposiciones legales vigentes como de compromiso con su cumplimiento”.

El último pronunciamiento público del hermano mayor de la hermandad tuvo lugar el pasado miércoles. José Antonio Fernández Cabrero mostró una actitud menos “inequívoca” de lo que afirma Fernando Martínez. La hermandad, dijo,  "está esperando que le digan qué tiene que hacer".

Consideraba el hermano mayor que la Macarena no debía tomar una "decisión" propia al estar sus hermanos "divididos", por lo que urgía a "arbitrar el decreto" estatal que determine la actuación a adoptar. Esa referencia a un “decreto” del Gobierno parecía dar largas y quizá por ello debió escamar al secretario de Estado, que ha optado por tomar el camino de en medio y urgir directamente y mediante misiva oficial a la hermandad el cumplimiento de la ley.

Pese a las untuosas proclamas de Fernández Cabrero, lo cierto es que la Hermandad de la Macarena nunca ha mostrado verdaderas intenciones de retirar los restos del criminal de guerra, y ello a pesar de que ya la Ley Andaluz de Memoria Democrática, aprobada en 2017, era suficientemente explícita al respecto en su artículo 32: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática -precisa el texto andaluz vigente desde hace cinco años- estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. 

Como se sabe, ya hubo un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando que el templo de la hermandad de la Macarena dejara de acoger dicha tumba. El Consistorio recordaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sus deberes en relación al contenido de las leyes estatal y autonómica.

Sin embargo, un informe de los servicios jurídicos de la Junta, encargado en 2017 por la presidenta Susana Díaz, dio pie a los cofrades y al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs. Firmado por el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Junta, Manuel Andrés Navarro Atienza, el dictamen hacía una interpretación bastante sui generis de dicho precepto legal:

"Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática".